Visto para sentencia el juicio contra el Concello de Nigrán por no actuar ante un supuesto caso de acoso laboral por parte del inspector jefe, Enrique García Silva, hacia un oficial de policía municipal, Adolfo Suárez. El Ayuntamiento se enfrenta a una petición de 40.000 euros de indemnización por parte del denunciante por los daños morales ocasionados, mientras que tanto su abogada como la fiscal y el defensor del responsable de la Policía Local, personado en la causa como parte interesada, solicitaron la desestimación de la denuncia por falta de pruebas.

Una docena de agentes municipales acudieron al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vigo para declarar como testigos en la vista oral, aunque finalmente solo prestaron testimonio cuatro de ellos. En respuesta a las preguntas de los letrados, los efectivos señalaron que el inspector gritaba con frecuencia en su despacho al denunciante y que, como consecuencia de ello, el agente se encontraba nervioso e incluso presentaba sarpullidos en la cara. Uno de los guardias dijo que había oído insultos en alguna de las discusiones por parte del jefe y otro señaló que el presunto afectado tomaba tranquilizantes y ansiolíticos por el trato de su superior.

El exconcejal de Seguridad, el socialista Manuel Doldán, también prestó declaración y afirmó que tanto él como el entonces alcalde, Efrén Juanes, habían tratado de mediar entre las partes para acabar con el conflicto, aunque dijo no tener constancia de un trato vejatorio hacia el agente.

El inspector jefe manifestó que tanto él como el oficial habían elevado el tono de voz en las discusiones, pero que nunca ejerció sobre el agente un trato diferente al de sus compañeros.