Una vecina de Areas (Tui), N. B. L., de 52 años de edad, con subsidio de 426 euros y víctima de violencia de género, es la primera afectada, que se conozca, de un desahucio "exprés" en el municipio de Tui, por una deuda de 20.000 euros que tiene pendiente con el banco, al dejar de pagar la hipoteca desde hace más de un año. El proceso, que estaba fijado para primeros de este mes, se ha podido prorrogar al 12 de enero de 2012.
El alcalde de Tui, Moisés Rodríguez Pérez, se implicó personalmente en este suceso, trasladando la preocupación del Concello a la entidad bancaria y comprometiéndose a aprobar en el pleno de ayer noche la solicitud de "instar al gobierno central a la aprobación de la dación en pago", que supondría la entrega de la casa hipotecada a cambio de liquidar la deuda.
La propia afectada, acompañada por Carlota Pérez Conde, de la asociación Stop Desahucios Tui-Baixo Miño y por la concejala Raquel Lorenzo Pimentel, escuchó al regidor informar de "mi apoyo total de palabra y de obra", lo que se materializó con una llamada personal al director de la sucursal bancaria y el compromiso de "estudiar opciones" para alcanzar la mejor solución.
El regidor tudense resaltó que es el primer caso que se conoce en Tui. Opina que "el Concello tiene que ir por delante o a la par de estos problemas", manifestó , después de escuchar pormenorizadamente las explicaciones sobre la situación de la mujer.
Carlota Pérez Conde, miembro de la asociación Stop Desahucios Tui-Baixo Miño, explicó que conoció este caso a través de Internet, donde la vecina de Areas decía que iban a desahuciarla el pasado 4 de noviembre.
La pudo localizar y hasta Tui se desplazaron miembros de colectivos anti desahucio y del 15 M con los que está en permanente comunicación. "La acompañamos al banco, parta negociar, al Juzgado para parar el desahucio, y al Concello. Hablaron con la asistente social, lo que resultó de mucha ayuda "gracias a eso se paralizó el desahucio dos días antes de su ejecución", cuenta. Se entregó al banco una carta para proponer la dación en pago y que se avinieran a alquilarle el mismo domicilio durante cinco años, a un precio asequible para ella. Expusieron que la afectada tiene pendiente de cobro la indemnización que le debe, por despido improcedente, la empresa para la que trabajaba y que asciende a 23.000 euros.
N.B.L., viguesa de nacimiento, es administrativa. Su hijo falleció hace 14 meses, está enferma de depresión y vive sola. Tiene orden de alejamiento contra su pareja, dictada el 2 de enero de 2008. En julio de ese año se quedó en paro después de trabajar en la misma empresa de Madrid durante 14 años. Ha agotado el subsidio de desempleo, ahora cobra una pequeña paga y soluciona su subsistencia con los medios a su alcance.
