La madrugada del 1 de julio de 2001 marcó un punto de inflexión y recrudeció la campaña de acoso que Josefa Gallego y su familia sufrieron en Chandebrito hace 10 años y que estos días sienta en el banquillo de los acusados a 33 vecinos de la parroquia nigranense. Eso es, al menos, lo que se desprende de las declaraciones que ayer hicieron ante la juez los guardias civiles que intervinieron aquella noche y que protegieron la casa en días sucesivos, que afirmaron que las acciones parecían "organizadas" en grupo y no fruto de la casualidad.
En el juicio, que previsiblemente hoy quedará visto para sentencia en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, los agentes coincidieron en calificar de "desproporcionada" y "no casual" la reacción "en grupo" de los "entre 50 y 60" vecinos, que, según dijeron ante la juez, se concentraron aquella noche ante la casa de Josefa por su supuesta agresión a un joven del pueblo con discapacidad psíquica al que la mujer y su marido retuvieron en el interior de la vivienda por haber lanzado un petardo.
Según el relato de los agentes, al lugar se desplazaron inicialmente, desde Gondomar, dos guardias civiles, que, al verse incapacitados para contener los "ánimos caldeados" de los vecinos, dieron aviso para que acudiesen refuerzos a la zona, que llegarían una hora más tarde.
"A duras penas" esta pareja de agentes consiguió acceder finalmente a la vivienda, donde, según relató uno de ellos, encontraron "asustado" al joven retenido, que estaba sentado en la escalera de la casa "sin que aparentemente presentara ninguna lesión".
Según otro de los agentes, el muchacho –que sufrió un desvanecimiento en la calle que obligó a llamar a una ambulancia– le reconoció que había lanzado el petardo instigado por otros dos vecinos.
La tardanza del vehículo sanitario reactivó la ira de los vecinos concentrados, ya que fue objeto de zarandeos y golpes, indicaron los guardias civiles, que también dijeron haber presenciado una escena similar contra el coche policial en el que salieron de la casa del matrimonio acosado y sus dos hijas menores que fueron conducidos a comisaría para tomarles declaración.
Antes de que llegase el personal sanitario para atender al joven, asumió la dirección del operativo un cabo de la Guardia Civil que acudió con otros tres agentes de refuerzo y tomó los datos de algunos vecinos –"los más alterados", precisó– que pretendían denunciar a Josefa y que, junto a otro grupo que acudió al día siguiente a presentar denuncia al cuartel de Baiona para intentar echar a la familia del pueblo, integran la lista de procesados.
En su intervención durante la vista, declaró, al igual que hicieron el resto de agentes, cómo tuvieron que impedir "físicamente" que algunas personas saltasen el muro de la casa tras hacer "caso omiso" a las indicaciones verbales que les hicieron para que depusiesen su actitud.
Ataques a otra vivienda
Una situación similar se vivió esa misma madrugada en una vivienda cercana, propiedad de un matrimonio amigo de los denunciantes que, como en el caso de Josefa y su marido, había sufrido ataques anteriores con bolsas de pintura y piedras y también pintadas. Los agentes recordaron que a esta casa acudió un número más reducido de personas, que les acusaban de "estar en connivencia" con la otra familia.
A pesar de la agresividad de los asaltantes que describieron ayer ante la juez, los guardias civiles que intervinieron aquella noche en los disturbios aseguraron haber optado por no utilizar la fuerza para disolver la concentración porque se vieron "desbordados" y para "evitar males mayores".
Tras esa noche se produjeron concentraciones diarias ante la casa de Josefa, que obligaron a tenerla custodiada cerca de 20 días "durante las 24 horas". En el juicio también prestaron testimonio ayer dos agentes de la Policía Judicial, que se hizo cargo de la investigación del caso el 4 de julio. Aseguraron que los concentrados en los días siguientes era personas "bien organizadas" y que generaban una situación "claramente coactiva", ya que coartaba la "libertad de movimientos" de la denunciante y de su familia, frente a cuya vivienda colocaron pancartas, hicieron caceroladas y simularon, incluso, un entierro con una caja hecha de tablas.
