El alcalde de A Guarda, José Manuel Domínguez Freitas, del PSOE, está dispuesto a pagar de su bolsillo, mientras pueda, el importe de las multas coercitivas que le imponga el Juzgado por no ordenar la ejecución de la demolición de las viviendas sentenciadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), quien anuló las licencias de construcción concedidas por el Concello de A Guarda a lo largo de varios años, al estar dadas en suelo de protección paisajística en Catanga y As Loucenzas. Sólo dos de esas licencias fueron otorgadas con Freitas como alcalde.

-Ha pagado 1.200 euros de multa impuesta por el Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Pontevedra. ¿Tiene más órdenes de derribo por cumplir?

-Es cierto que pagué esa cantidad de mi bolsillo a finales del 2010 al ser una multa coercitiva, es decir, a pagar por mi persona y no por el Concello. Tengo “amenaza” de más multas y doce órdenes de derribo pendientes de ejecutar sobre mi mesa.

-¿Que tiene pensado hacer?

-Intentaré evitar, con los medios legales a mi alcance, el derribo de más viviendas. Tres de las 21 sentenciadas fueron derribadas por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística en diciembre de 2009. Para evitar más, el Concello trabaja en la aprobación de una modificación puntual, amparándose en la nueva figura de núcleo rural común, que pudiera dar cobertura legal a algunas de las viviendas afectadas. Por otra lado trabajamos en un nuevo Plan Xeral de Ordenación que daría cobertura a otras. No sería lógico estar tramitando esas figuras de planeamiento y no intentar evitar el derribo. De la Xunta demando agilidad en la tramitación.

-Usted mantiene que A Guarda ha sido discriminada por la Administración autonómica.

-Tuve constancia del distinto trato que la Xunta dispensaba a Concellos con problemas semejantes, en función del color político de sus gobiernos municipales. En rueda de prensa, en Santiago, a principios de mayo y en compañía de Mar Barcón, denunciamos que la Xunta de Galicia no pide la ejecución de sentencias en lugares como Barreiros o Fisterra, y en A Guarda sí lo hace. Un diputado del PP respondió que la calificación del suelo de los otros municipios era distinta a la de A Guarda.

-En la anterior corporación, miembros de otros grupos políticos le acompañaron para tratar que el conselleiro de Medio Ambiente evitase los tres primeros derribos. ¿Hay la misma predisposición de colaboración?

-Todos los grupos de la anterior corporación teníamos el compromiso de actuar unidos en este tema y actuar en defensa de los afectados, por entender que, en todo caso, son víctimas de un error administrativo. Varié mi criterio cuando tuve constancia del distinto trato que la Xunta dispensaba a Concellos gobernados por el PP. Reclamo para A Guarda la misma consideración.

-Usted no mencionó nunca el pago de la multa, ¿por qué?

-Dada la proximidad de las elecciones municipales, entendí que no era bueno incluir en precampaña el asunto de las 21 licencias y, por lo tanto, tampoco la multa coercitiva que corresponde a una licencia dada en mayo de 2001, en Camposancos, cuando yo no era alcalde.