La demolición de la gasolinera de Vincios podrá evitarse pese a contar con una sentencia firme del Tribunal Supremo que obligó recientemente al alcalde, Martín Urgal, a ordenar el cese de su actividad y dar un plazo de tres meses al propietario para presentar un proyecto de derribo. El gobierno municipal de Gondomar y la Xunta de Galicia tratan de legalizarla a través del plan sectorial del polígono industrial de A Pasaxe, aprobado el pasado jueves por el Ejecutivo autonómico. El concejal de Urbanismo, Alfonso De Lis, aseguró ayer que el documento urbanístico que regula el área empresarial podrá modificarse e incluir la instalación en su espacio de ordenación.
El primer documento diseñado por la Consellería de Vivenda durante el bipartito en la Xunta ya daba cobertura legal a la gasolinera y la colocaba como una empresa más del polígono de A Pasaxe. Posteriormente, explica De Lis, los redactores del plan sectorial la excluyeron a raíz de un informe de Augas de Galicia que declaraba los terrenos como zona de riesgo de inundaciones de manera supuestamente errónea, según asegura el edil. Al parecer, recalca, la planimetría utilizada por el organismo de la Xunta presentaba incorrecciones "que hay que subsanar".
Este es el argumento que el propio De Lis presentó a Augas en una reunión celebrada en Santiago hace un mes para resolver el problema de la estación de servicio. Según el responsable municipal de Urbanismo, el ente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras se mostró favorable a "ajustar la planimetría a la realidad y modificar el sentido de su informe". "Debe imperar el sentido común para evitar el cierre de la empresa porque no ha cometido ninguna ilegalidad. Tiene licencias municipales en base a un informe de la Dirección Xeral de Estradas", concluye el concejal.
Oposición
La oposición coincide con el gobierno en la necesidad de encajar la estación de servicio en el plan sectorial, "como lo hacía el documento proyectado por la consellería de Teresa Táboas", resalta el concejal del BNG Antonio Araúxo, que presentó una alegación al documento durante su exposición pública en este sentido, al igual que lo hizo el gobierno municipal. En cualquier caso, Araúxo censura el hecho de que Xestur declarase el negocio ilegalizable por estar ubicado en terrenos rústicos de protección especial de aguas, puesto que "es una entidad que simplemente debe gestionar los polígonos".
