El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, la concejala de Urbanismo, Ana Simons Sánchez, el concejal de Medio Ambiente, Manuel Vilar Márquez, el asesor jurídico externo del Concello Juan Colón Garrido y la secretaria municipal, Susana Gallardo Fariña, podrían sentarse en el banquillo de los acusados en los próximos meses por denegar la licencia de construcción al edificio Vista Baiona, proyectado por la sociedad Herederos de Concepción Taboada Leal en la parcela ubicada en la intersección de las céntricas calles Ramón y Cajal y Virgen del Pilar. La titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Vigo da por cerrada la investigación, decreta la apertura de juicio contra todos ellos por un delito de prevaricación.
El auto judicial, con fecha del pasado día 10 de marzo, traslada el proceso a los juzgados de lo penal para que fijen fecha para la vista oral. Al mismo tiempo, la magistrada declara el sobreseimiento provisional de la causa para los concejales Ángeles Silva, Ángel Rodal y Rosa Ana Marcote, que inicialmente se encontraban imputados por formar parte de la junta de gobierno que concedía las licencias urbanísticas. La juez exonera a los tres ediles del proceso por su desconocimiento en cuestiones urbanísticas.
Las imputaciones que formula la magistrada coinciden con las del fiscal, cuyo escrito de acusación también atribuye sendos delitos de prevaricación a los cinco y sobresee a los tres restantes ediles de la junta de gobierno. Por estos delitos urbanísticos, la Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación para ostentar cargo público para el alcalde, Vilar y Simons y otros cinco años para Juan Colón y Susana Gallardo. Además, reclama una indemnización para la sociedad presuntamente afectada que se fijaría en función de una tasación económica de los perjuicios.
Rebaja de responsabilidades
Respecto a la acusación particular, el auto judicial rebaja considerablemente las imputaciones y las deja únicamente en prevaricación por falta de pruebas respecto a otros delitos. El escrito presentado por los defensores de Herederos de Concepción Taboada del Río solicitaba una pena de seis meses a un año de prisión y ocho años de inhabilitación para el regidor baionés y Manuel Vilar por prevaricación y tráfico de influencias. Para Ana Simons reclamaba únicamente los ocho años de inhabilitación por prevaricación. A la secretaria municipal y al asesor jurídico externo también les solicitaba prisión por supuestos delitos de falsedad documental y a Susana Gallardo, le atribuía también un delito de infidelidad en la custodia de documentos.
