El gobierno de Gondomar confía en la justicia y tiene muy claro que la investigación de la Fiscalía de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del área de Vigo sobre el veto a la secretaria municipal y a la técnica de administración general de Urbanismo en relación a asuntos urbanísticos quedará en nada. De hecho, la oficina de Urbanismo del Ayuntamiento ha concedido ya una treintena de licencias al margen de ambas funcionarias, aunque ello pueda suponer, como denunció el BNG ante el fiscal, un presunto delito de prevaricación. Tanto el alcalde, el popular Martín Urgal, como el concejal de Urbanismo, Alfonso De Lis, aseguran que todos los permisos otorgados "se ajustan perfectamente a la legalidad" e incluso anuncian que se tramitarán otros veinte pendientes "en caso de que también cumplan con la normativa urbanística en vigor, las normas subsidiarias recuperadas".

Urgal reiteró ayer que no tiene "ningún miedo a la Fiscalía", que ha requerido al Ayuntamiento el expediente correspondiente a la primera licencia concedida sin la supervisión de la secretaria y la técnica de Urbanismo. "No estoy haciendo ninguna barbaridad, sino todo lo contrario. Las licencias tienen informes favorables del arquitecto municipal y del abogado privado contratado por el Ayuntamiento" para suplir las tareas de las mencionadas funcionarias, desde que fueron apartadas de los expedientes urbanísticos el pasado febrero.

Para el regidor, la concesión de licencias en estas circunstancias es un acto de valentía. "A veces hay que echarle valor a la vida por el bien común. Para mí sería mucho más fácil dejarlo estar y no conceder permisos, pero es que con cada licencia colocamos a dos o tres albañiles y damos de comer a sus familias", recalcó Urgal.

La sombra de Carlos Silva

Cuando se le pregunta sobre el precedente del exalcalde popular Carlos Silva, inhabilitado por prevaricación, también por la concesión de licencias con el Plan Xeral anulado, Urgal recuerda que "Silva fue juzgado inicialmente por 300 permisos y finalmente condenado por solo uno". Tampoco teme que las licencias sean anuladas en el futuro, porque en el proceso de Silva solo fue suprimida una de ellas, precisamente la que lo inhabilitó.

El concejal de Urbanismo se expresa en similares términos. Alfonso De Lis manifiesta su deseo de que la Fiscalía aclare el asunto e incluso ha ordenado a su departamento que remita toda la documentación requerida para asegurarse de que "recibe todo el expediente". El edil también se declara sereno. "Ojalá todos mis problemas fueran este", subraya. Su objetivo, insiste, es dinamizar la economía gondomareña y la concesión de licencias supone "que al menos dos constructoras no echen a la calle a sus trabajadores y que varios negocios inicien su actividad".