"Lo que Gondomar necesita es funcionarias que sirvan a los intereses generales, objetivas e imparciales, y no que estén al servicio particular del alcalde". La presidenta del comité de personal del Concello de Gondomar, María García, arremetía así ayer contra la situación de "acoso", "amenazas" y "abuso de autoridad" a los que, aseguró, el gobierno local somete "desde junio de 2009" a la secretaria municipal y a una técnica de administración general del departamento de Urbanismo, a quienes la Alcaldía impide desde el 18 de febrero realizar cualquier informe en materia urbanística.

"Se les acusa de negligencia en el ejercicio de sus funciones", indicó la presidenta del comité, aunque entre esas funciones "se incluyan algunas que ni siquiera les corresponden como, por ejemplo, revisar los boletines oficiales" –en referencia a la pérdida de una subvención para la Policía Local de la que las acusa el alcalde–.

María García también negó la actitud "obstruccionista" a la que alude el gobierno local, que, según la presidenta del comité, "utiliza la técnica de trasladar los asuntos para que los informen sin tiempo suficiente para valorarlos, el mismo día en que hay una junta de gobierno o una comisión informativa".

"No existe bloqueo administrativo como se dice para justificar la contratación de una asesoría externa", defendió la portavoz de los trabajadores, quien dijo no tener claras las verdaderas motivaciones y el especial interés que demuestra el gobierno local en concreto en el departamento de Urbanismo.

Desde el comité rechazan también que este recorte en las funciones de ambas trabajadoras se deba, como también ha expresado estos días el gobierno local, a la intención de reforzar el departamento de Intervención para agilizar el pago de facturas pendientes a proveedores, puesto que "la interventora municipal comunicó su traslado el día 1 de marzo, diez días después de que el alcalde emitiese su primera resolución, el 18 de febrero", apuntó García.

Y hubo más. En los últimos días las funcionarias cuestionadas por el gobierno municipal han recibido otros dos apercibimientos de la Alcaldía, el último el pasado viernes, según indicó la presidenta del comité. En él se insta a la secretaria "a la supresión de toda apostilla que, a modo de diligencia, se incorpore al final de las certificaciones de las resoluciones de Alcaldía referidas a la concesión de licencias [...] apercibiéndola de que se abrirá un expediente disciplinario si persiste en su actitud de desobediencia", leyó María García, quien adelantó que la secretaria no atenderá a este mandato y "seguirá cumpliendo con sus funciones".

Recordó además que las mismas funcionarias ya vivieron una situación similar durante el gobierno presidido por Carlos Silva Mariño, en el que se les pedía "que informaran licencias con un plan general que había sido declarado nulo", caso por el que el exalcalde fue inhabilitado y en el que ambas funcionarias podrían haberse visto implicadas si atendiesen a sus mandatos y "posiblemente tendrían un expediente administrativo y quizás no estarían ya en la función pública", indicó la presidenta del comité.

Los representantes de los trabajadores solicitaron al Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Pontevedra, así como a la Consellería de Presidencia y a la subdelegación del Gobierno que se impliquen y den una "solución urgente" a una situación que califican de "muy grave"