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VAL MIÑOR

Indignación y prudencia entre los vecinos de un edificio con orden de derribo en Sabarís

Confían en que pueda evitarse la ejecución de la sentencia, ratificada por el Supremo, que declara nula la licencia de construcción e ilegaliza 19 pisos y cinco bajos comerciales

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D. VÁZQUEZ - BAIONA
Con una indignación prudente y el temor a que se ejecute una sentencia que les dejará sin casa o sin local para desarrollar su actividad comercial. Así recibían ayer los vecinos del edificio de viviendas número 29 de la avenida Julián Valverde, en Sabarís, la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia con la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaraba nulo el estudio de detalle y la licencia de construcción otorgada al inmueble en 2001.
"Llevamos años peleando contra esta decisión", reconocía ayer la propietaria de uno de los cinco bajos comerciales del edificio, que a pesar de la orden de derribo que pesa sobre él aún confía en que la situación pueda ser resuelta "sin necesidad de tirarlo todo abajo".
Los propietarios sostienen que en su momento nada ni nadie les impidió hacer la compra y que la única advertencia que algunos de ellos tuvieron de las posibles irregularidades fue la de un cartel colocado en la vivienda contigua informando de los problemas del edificio.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo no da lugar a ningún tipo de recurso y obliga a reponer la legalidad urbanística en la zona devolviendo el solar a su estado primitivo. La motivación de esta resolución judicial radica en que el inmueble fue construido junto a una vivienda que forma parte del conjunto histórico de Sabarís sin respetar el área de protección que establece la ley y con un volumen superior al permitido.
Begoña Pereira, presidenta de la comunidad de propietarios, se mostró ayer reticente a realizar declaraciones acerca de la situación del edificio a la espera de recibir en los próximos días asesoramiento sobre las posibilidades que tienen ahora de salvar sus propiedades o, en todo caso, de reclamar indemnizaciones a la promotora o el ayuntamiento.
Algunos residentes expresaron ayer su confianza en que el futuro Plan Xeral pueda contemplar algún tipo de solución que dé legalidad a la construcción, extremo que el gobierno local dice no estar en disposición de aclarar aún.
El gobierno baionés mantiene una posición "prudente" en torno a este caso. Según el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, la administración local no ha recibido aún notificación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo. "Una vez que recibamos esta documentación, los servicios técnicos y jurídicos del Concello evaluarán los términos exactos en los que se basa la sentencia para comprobar si la edificación puede ser legalizada o no", apuntó el regidor.
Vázquez Almuiña indicó que el edificio cuenta con licencia municipal a día de hoy y que el futuro del inmueble dependerá de si la anulación del permiso de construcción se basa en un defecto subsanable del procedimiento por el cual se otorgó o en otros motivos.
Mientras tanto, la última sentencia del Tribunal Supremo deja en situación cuando menos alegal a las 19 viviendas y los bajos del número 29 de Julián Valverde, construido por la empresa Osiris Alba, la misma que erigió el edificio de la colina de Castrelos, en Vigo, también pendiente de una orden judicial de derribo.

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