Garrido, condenado a 540.000 euros de multa por cohecho

EP El magistrado de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en Vigo ha condenado a penas de multa que suman 675.000 a dos ex concejales de Gondomar (Pontevedra) por tres delitos de cohecho, y ha impuesto una multa de 67.500 euros a un arquitecto vigués como "cooperador necesario", al considerar probado que pidieron dinero a promotores a cambio de facilitar desarrollos urbanísticos en el Plan General de Ordenación Municipal de esta localidad.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, José Luis Mosquera, ex concejal de Cultura independiente que fue elegido en las listas del PP, es condenado a pagar una multa de 135.000 euros y a una suspensión de cargo público por 15 meses -cinco por cada uno de los delitos--. Por otra parte, Alejandro Garrido (PP), que ostentaba responsabilidades en Urbanismo, es condenado a una multa de 540.000 euros y suspendido de cargo público por tres años -uno por cada delito--.

En el caso del arquitecto, Francisco Borja Ramilo, la multa es de 67.500 euros y queda suspendido durante 15 meses para ejercer su profesión en el ámbito de la Administración Pública.

La sentencia se basa en el veredicto de culpabilidad elaborado por el jurado popular que enjuició esta causa y que, en su dictamen del 4 de junio pasado, consideró por unanimidad culpables de cohecho a estos tres acusados. Los miembros del jurado consideraron probado que Mosquera, Garrido y Ramilo participaron en estos hechos delictivos, que fueron denunciados por un promotor, víctima de la extorsión.

PENAS REBAJADAS

No obstante, la pena impuesta es notablemente inferior a la que inicialmente pedía la Fiscalía para los acusados. Así, el Ministerio Público pedía, al inicio de la vista oral, un pena de 1,92 millones de euros de multa para cada ex concejal y 6 años de inhabilitación, mientras que para el arquitecto solicitaba 720.000 euros y 15 meses de inhabilitación.

Al final del juicio y, a la vista de que tanto Mosquera como Ramilo admitieron su culpabilidad, la Fiscalía rebajó la petición para ellos a 135.000 euros de multa, mientras que para Gómez Garrido pedía algo más de un millón de euros de sanción. Precisamente, en la sentencia que se ha dado ha conocer este miércoles, el magistrado ha tenido en cuenta, en el caso de los dos primeros, la circunstancia atenuante de colaboración con la Justicia.

El abogado defensor de Gómez Garrido, Jesús Lorenzo Cuervo, ha confirmado que recurrirá la sentencia, al considerar que "sorprende" que la mayor pena se haya impuesto "al único acusado que se defendió hasta el final, porque los otros admitieron su culpa al ser capturados 'in fraganti'".

El letrado, que seguirá pidiendo la absolución del ex edil de Urbanismo, mantiene que las escuchas telefónicas empleadas como pruebas de cargo son nulas y que no hay indicios de culpabilidad que relacionen a su cliente con los hechos juzgados. Asimismo, advirtió de la cooperación "parcial e interesada" de los otros dos condenados, que ha terminado, en su opinión, con la incriminación de su patrocinado.

INVESTIGACION

Tanto los ex ediles como el arquitecto fueron detenidos --junto con la pareja de Mosquera, que ha sido absuelta-- en febrero de 2007, a raíz de una investigación de la Guardia Civil en la que colaboró un promotor que hizo de 'gancho'. Así, se pudo documentar mediante grabaciones la participación de los tres en peticiones de dinero a cambio de favores urbanísticos.

El 14 de febrero este empresario concertó una cita con Mosquera en el despacho del arquitecto para pagar un primer plazo de 60.000 euros, de un total de 180.000, que se pedían para desarrollar un convenio urbanístico. Finalmente la entrega se hizo en una cafetería, a la que el entonces concejal de Cultura acudió con su pareja -una mujer cuya acusación fue retirada y, en consecuencia, fue absuelta por el juez--.

A la salida de esa cita, Mosquera y su pareja fueron detenidos, momentos después fueron arrestados Ramilo y Garrido. En su condena influyeron de forma decisiva, tal y como reflejó el jurado en su veredicto de culpabilidad, las grabaciones telefónicas y el vídeo obtenido con la colaboración del gancho mediante un sistema de cámara oculta.

En el transcurso del juicio, el ex edil de Cultura llegó a declarar que el dinero procedente de las extorsiones se destinaba a financiar la campaña electoral de los independientes de Move Gondomar , con los que los populares preveían pactar tras los comicios municipales de 2007, así como a apoyar la campaña del PP en Montevideo (Uruguay), aunque puntualizó que ni el partido ni el entonces alcalde Carlos Silva, también del PP, estaban al tanto de esos hechos.