ANTONIO PINACHO - REDONDELA
El colectivo de afectados, que ayer celebró una asamblea informativa a la que asistieron más de trescientos vecinos, exigen el estudio ambiental del proyecto. Asimismo acordaron realizar una cuestación popular para pagar los gastos que se deriven de los recursos que se interpondrán ante la justicia para tratar de evitar que se lleve a cabo la obra.
La reunión vecinal de ayer contó con el asesoramiento de un técnico que explicó los detalles de la actuación, una obra que podría comenzar a ejecutarse el próximo año si se cumplen las previsiones anunciadas por el propio ministro.
Además se explicó a los asistentes la decisión de continuar con el recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Medio Ambiente y el inicio de los estudios periciales con el objetivo de conseguir que el proyecto se someta a estudio de impacto ambiental, una cuestión que consideran vital puesto que atraviesa un núcleo urbano con 10.000 habitantes. El estudio de impacto también pretende demostrar que las nuevas obras obligan a más expropiaciones de terrenos que los treinta inicialmente previstos en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Para hacer frente a los gastos jurídicos y periciales necesarios para el contencioso, el colectivo inició a principios de mes una cuestación popular con la que hasta el momento recaudar 8.000 euros, más de la mitad de los 15.000 que estiman que serán necesarios para el proceso judicial.
Los afectados mantienen abierta una cuenta en Caixanova (2080 0103 49 0000073236) en la que se pueden realizar los ingresos para este fin.
Por otra parte, los vecinos que se reunieron ayer tienen previsto expresar sus quejas el próximo viernes ante el ministro de Fomento, José Blanco, que estará en Vigo con motivo del pregón que dará en la fiesta del Día de Galicia. La Asociación de Afectados por la Ampliación de la Autopista AP-9 quiere trasladar así su rotunda oposición al proyecto.