Los promotores del puerto seco barajan redistribuir el espacio

GABINO PORTO - SALVATERRA Los promotores de la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan) se plantean redistribuir su participación en el parque al afectar de forma desigual a los tres la necesaria retirada de los 700.000 metros incluidos y que son suelo no urbanizable de especial protección forestal.
Autoridad Portuaria de Vigo, Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras y Consorcio de la zona Franca, impulsores del puerto seco, mantendrán una reunión, posiblemente mañana, en la que participarán los concellos afectados –Salvaterra y As Neves– y en la que se abordarán, entre otras cuestiones, este aspecto que se deriva de la sentencia.
El consorcio de la Zona Franca se queda prácticamente sin terreno al ser excluidos los 700.000 metros afectados en el nuevo plan sectorial que la Xunta redactará en tres meses, y que será una modificación del actual sin el área protegida.
La solución es readaptar el parque a la nueva realidad que marca la demoledora sentencia del Tribunal Supremo, disminuyendo el terreno de forma proporcional a los tres promotores, una cuestión que todavía no ha sido estudiada con detalle.
La sentencia, que anula el proyecto sectorial en su totalidad y que obliga a la Xunta a realizar un trámite urgente para aprobar un proyecto modificado con menos metros, perjudica también a la edificabilidad del parque ya que más del 50% de la edificabilidad total actual se encuentra en la zona afectada al dejar fuera una parte importante de la actual Área Multifuncional Industrial (MI), que posee un 33,17 % sobre la edificabilidad total del parque y parte del Área Logística de Transformación, que posee un 17,21 % de la edificabilidad total de la Plisan, según los datos facilitados a FARO DE VIGO por técnicos que trabajaron con los proyectos.
Así las cosas, la semana que empieza mañana será decisiva para los promotores pues se cerrará un calendario de actuaciones para salvar el polígono y poder cumplir con plazos de entrega de terrenos a las empresas que quieran instalarse –pendiente aún de la decisión final–, entre ellas la multinacional que pretende ubicar la planta de batería de litio y cuyo terreno esta a salvo al situarse en una zona de la plataforma que no es terreno protegido.