Un nuevo supuesto delito relacionado con el urbanismo sentará de nuevo en el banquillo del Juzgado de lo Penal Número 1 de Vigo el próximo día 10 de mayo al ex alcalde y actual concejal del PP de Gondomar, Carlos Silva. Todavía pendiente del recurso a la condena por prevaricación urbanística que pesa sobre él, el antiguo regidor se enfrenta ahora a una vista por falsedad documental. La Fiscalía le interpuso una querella criminal tras una investigación del Seprona que concluye que emitió certificaciones de legalidad de obras irregulares.
La Guardia Civil inició su trabajo en 2008, cuando un vecino de Morgadáns denunciaba a varios propietarios de la parroquia cuyas viviendas se sitúan en terrenos rústicos sin posibilidad de legalización. Al menos dos de ellos solicitaron al entonces regidor las citadas certificaciones para demostrar que su delito ya había prescrito. Pero el Seprona solicitó un informe a los servicios jurídicos de la Administración local, que indicaron que los documentos firmados por Silva no constaban en el Ayuntamiento y que todas las certificaciones deben ir firmadas por la secretaria municipal.
Pese a ello, Silva rubricó los documentos que creía que podían legalizar dos viviendas de bajo y planta en parcelas de 632 y 1.741 metros cuadrados y aseguraba que llevaban construidas más de diez años para confirmar que cualquier delito podría haber prescrito.
