G.P. - SALVATERRA
La Asociación de Afectados por el Puerto Seco mantendrá su encierro en el Concello de Salvaterra hasta lograr que el consello de la Xunta anule el acuerdo para la firma de un convenio entre los promotores de la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves (Plisan) para pagar los derechos mineros a los vecinos. La Xunta anunció el jueves que el acuerdo del bipartito tomado en funciones es nulo de pleno derecho, según los informes jurídicos.
El presidente de los afectados, Alejandro Rodríguez, anunció además que llevará a los tribunales la anulación del convenio aprobado por el consello de la Xunta el pasado mes de marzo y que contemplaba el pago de los derechos mineros.
Además señaló que reclamarán al gobierno gallego una indemnización por "daños y perjuicios" basándose en la "ruptura unilateral" del documento tramitado por el anterior ejecutivo autónomo.
No obstante, Rodríguez aseguró que la comunicación oficial emitida el jueves por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras que se remite al informe de sus servicios jurídicos "era de esperar" y "no coge de sorpresa" a los vecinos afectados.
Aunque manifestó su preferencia por que el anuncio de la Consellería apuntara en otra dirección, el portavoz de la asociación valoró que se conozcan los planes del departamento que dirige Agustín Hernández respecto a su conflicto.
Igualmente, llamó a los miembros del anterior Gobierno gallego a dar explicaciones porque consideran que sus gestiones fueron "una chapuza" .
Según la Xunta, con los informes jurídicos la comisión de seguimiento de la Plisan, compuesta por representantes de la Zona Franca de Vigo, Autoridad Portuaria de Vigo e Instituto Gallego de la Vivenda e Solo (IGVS) acordaron por unanimidad esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo en los recursos de casación presentados y referidos al pago de derechos mineros en el Puerto Seco, antes de tomar nuevas decisiones, entre ellas el pago exigido. Los informes consideran que no es posible la firma y ejecución del convenio autorizado del Consello da Xunta en funciones el 26 de marzo, sobre el pago de los derechos mineros de la Plisan, en base a numerosos razonamientos.
