Rei: "Confiamos en la justicia porque se actuó con responsabilidad y sentido común"

ANTONIO PINACHO - REDONDELA El alcalde de Redondela, Xaime Rei, y el concejal de Urbanismo y Asuntos Económicos, Emilio González, se mostraron ayer "tranquilos" ante las supuestas irregularidades en la contratación de las obras de humanización de calles Alfonso XII, Ribeira y Xeneral Rubín realizadas en 2007, y por las que la Fiscalía solicita una condena de nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargo público como autores de un presunto delito de prevaricación.
Los dos responsables municipales comparecieron ante los medios de comunicación para explicar públicamente los hechos que les obligarán a sentarse en el banquillo de los Juzgados y mostraron su confianza en la justicia "puesto que actuamos con responsabilidad y sentido común", dijo Rei, que recalcó que "no se perjudicó a nadie y sólo se benefició a los vecinos".
La acusación del fiscal se refiere a una partida de 124.000 euros que se destinaron a la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento de las citadas calles, una actuación que no estaba incluida en el proyecto inicial de la humanización, que contaba con un presupuesto de algo más de 600.000 euros y fue ejecutada por la empresa Hidroscivil S.L. Un informe del interventor municipal advirtió de que los gastos para el cambio de las tuberías eran ilegales y nulos de pleno derecho, puesto que se ejecutaron con cargo a un crédito al carecer de consignación presupuestaria y mediante contratación verbal.
"Procedimiento impecable"
El regidor recordó que la adjudicación de las obras de reforma de las aceras, calzada y alumbrado se hizo mediante concurso público –"el procedimiento fue impecable", señaló–, aunque el problema llegó una vez que comenzaron los trabajos, a mediados de 2007. "Cuando las calles se encontraban levantadas los técnicos nos comunicaron el mal estado en que se encontraban las redes de alcantarillado y abastecimiento, que incluso presentaban tramos de tuberías de plomo que están prohibidas en la actualidad, pero su renovación no estaba prevista en el proyecto y carecía de consignación presupuestaria", puntualizó Rei.
Ante esta situación, según el alcalde, sólo había tres opciones: "Dejábamos la calle abierta varios meses con las obras paradas hasta consignar una partida en los presupuestos del año siguiente; continuábamos con el proyecto sin renovar las redes, lo que obligaría a volver a levantar las calles en pocos años; o recurríamos a un crédito. Así que actuamos con sentido común y con responsabilidad hacia los ciudadanos", justificó.
Además explicó que la ampliación de la obra se encomendó a la misma empresa que ejecutaba los trabajos de humanización "puesto que es obligatorio al no superar el 20 por ciento del importe total de la actuación".
El alcalde redondelano destacó que no se había cometido ninguna ilegalidad al recurrir al crédito para realizar una obra urgente, puesto que se trata de una práctica normal en todos los concellos cuando se trata de un caso excepcional, como ocurrió en el caso de la renovación de los servicios de las tres calles. "El problema es una falta en el procedimiento administrativo forzado por carecer de presupuesto", apuntó, y prosiguió recordando que el informe del interventor se hizo en diciembre de 2007, meses después de concluir la obra, cuando se llevó al pleno el reconocimiento extrajudicial de créditos, que fueron aprobados por los votos del PSOE y BNG.