EVA GONZÁLEZ - A GUARDA
El Concello de A Guarda demandará ante la propia Xunta de Galicia que el Ejecutivo autonómico asuma su responsabilidad e indemnice a los propietarios afectados por el caso de las 21 viviendas que tienen sentencia de derribo, al ser declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
El alcalde guardés José Manuel Domínguez Freitas informó de esta decisión tomada ayer, para "agotar la vía administrativa antes de acudir a la judicial" y que varía la anunciada días atrás. Como se ha informado puntualmente, las solicitudes de indemnización de los 21 propietarios afectados suman la cantidad de 7.492.000 euros.
Las viviendas, situadas en las zonas de As Loucenzas y Catanga, cuatro de ellas habitadas y las restantes en distintas fases de construcción, están sentenciadas a la demolición al estar situadas en suelo no urbanizable de interés paisajístico, por lo que el Tribunal anuló las licencias concedidas por el Concello guardés varios años después de haberse otorgado, durante un largo periodo en el que pasaron tres corporaciones municipales diferentes y tres alcaldes distintos que concedieron licencias de obra acogiéndose a la Ordenanza 14 (una vez aprobada su modificación) del PXOM aprobado en el año 1993, contando siempre con los informes favorables de los departamentos de Secretaría y Urbanismo y con la salvedad de que todos los acuerdos de concesión de licencia se remitían a la Xunta de Galicia, sin que hubiese advertencia alguna de ilegalidad o de irregularidad.
Fue a raíz de la denuncia de un particular, en el año 2001, cuando la Xunta denuncia al Concello. En los Juzgados de lo Contencioso, unos tribunales apoyaron a la Xunta y otros al Concello. Finalmente el TSXG dicta una sentencia para las 21 viviendas donde dice que las sentencias están mal dadas. En estos momentos hay propietarios que recibieron la orden de desalojo para comenzar a derribar las construcciones a partir del día 1 de diciembre.
