El juicio contra el ex alcalde de Porriño, José Manuel Barros, por un supuesto caso de lesiones psíquicas, trato degradante, acoso sexual, prevaricación y amenazas por el que le acusa una funcionaria municipal tendrá que retrasarse.

La reciente desaparición de todo el sumario de este caso en el Juzgado de Instrucción número 1 de Porriño ha supuesto un duro revés para la parte querellante, Isabel Penedo Araújo, que lleva desde el año 2002 esperando a que se resuelva este caso contra el ex regidor porriñés, por el que la acusación particular solicita una pena de seis años de prisión y ocho de inhabilitación para ocupar un cargo público, además de una indemnización de 500.000 euros.

"La desaparición o sustracción de un sumario de un Juzgado es un tema de una gravedad extrema, sobre todo cuando las penas que se solicitan para el imputado [José Manuel Barros] podrían suponer su ingreso efectivo en prisión", denunció ayer Isabel Penedo.

A pesar del contratiempo, la demandante asegura que sigue "confiando plenamente en la justicia", aunque recalca que exigirá las "pertinentes investigaciones para depurar las oportunas responsabilidades por unos hechos tan graves".

La juez responsable de la instrucción, Lidia Grandal, ha citado a las distintas partes y a sus abogados para el próximo día 27 para un acto de reconstrucción del sumario, en el que se deberá aportar la documentación que considere cada uno de los afectados.

La desaparición del sumario coincide justo cuando se iba a proceder a la citación para la apertura del juicio oral, por el que se requeriría al acusado una fianza de 50.000 euros para asegurar las responsabilidades civiles por los supuestos delitos de los que se le acusa. A continuación, se trasladaría el caso al Juzgado de lo Penal de Pontevedra, órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa.

Larga espera

La denuncia contra Barros se interpuso en septiembre de 2002 por parte de Isabel Penedo, que fue su secretaria en el Concello durante 16 años.

Según consta en el escrito de acusación, la funcionaria "fue objeto de insinuaciones de naturaleza sexual por parte del ex regidor" y, al no acceder a sus requerimientos, la demandante supuestamente recibió un "trato completamente vejatorio, discriminatorio y humillante, llevando a cabo un auténtico hostigamiento". En este sentido, el escrito asegura que Penedo padeció "de forma reiterada y continua un atentado contra su integridad moral" por parte del ex alcalde.

Entre las actuaciones presuntamente adoptadas por el alcalde destaca la de confinar a la funcionaria "tras un armario de grandes dimensiones", o su traslado a otro centro de trabajo, el Multiusos de Torneiros, "cuando todavía se encontraba en obras con suelo de cemento, sin calefacción ni teléfono, y sin ninguna tarea concreta".