EVA GONZÁLEZ - A GUARDA
El Concello de A Guarda presentará una demanda contra la Xunta de Galicia solicitando que se determine su responsabilidad y que sea la Administración autonómica quien resarza de los posibles daños causados a los vecinos afectados por la sentencia y orden de derribo de 21 viviendas unifamiliares situadas en las zonas de As Loucenzas y Catanga, en el municipio guardés. Estos chalés fueron declarados ilegales por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al estar situados en suelo no urbanizable de interés paisajístico, por lo que el Tribunal anuló las licencias dadas por el Concello, después de años de haberse concedido
La suma de las 21 solicitudes de indemnización ascienden a 7.492.000 euros.
El Concello presentó además un recurso, todavía sin contestar, contra la resolución del Juzgado de lo Contencioso Nº 2 de Pontevedra, pues entiende que puede derribar sin tener licencia municipal "y nosotros creemos que la Ley es para todos", dice el alcalde, precisando que de trata del mismo tribunal que avala la orden de desalojo de la Axencia da Legalidade Urbanística.
Una parte de las personas afectadas, seis de las cuales con esa orden de desalojo de todos los bienes muebles y enseres existentes a sus casas y aviso de la ejecución de la demolición a partir del día 1 de diciembre próximo, se reunieron en la mañana de ayer con el alcalde y otros miembros del equipo de gobierno y conocieron así la decisión de demandar a la Xunta.
El regidor comenzó por reconocer que el pasado jueves, cuando se enteró de la orden de desalojo "fue el día más duro desde que estoy en la Alcaldía". Resumió la historia de las 21 viviendas, vinculadas al Plan Xeral, aprobado en el año 93, y a su Ordenanza 14 del mismo, que tuvo una modificación para que fuese menos restrictiva, también aprobadas por la Xunta. Así se permitió conceder licencias durante un periodo en el que pasaron tres corporaciones municipales distintas. Tres alcaldes diferentes concedieron licencias de obra en esta ordenanza 14, siempre con los informes favorables de Secretaría y Urbanismo. Pasaron varias secretarias y varios arquitectos municipales. Se enviaban todos los acuerdos de concesión de licencia a la Xunta, y nunca hubo advertencia alguna de ilegalidad o irregularidad.
Todo cambió a partir del año 2001, cuando la Xunta varía su proceder a raíz de la denuncia de un particular, aunque hasta entonces tuviese oportunidad de anular los acuerdos de la Comisión de Gobierno, si eran ilegales. En los Juzgados de lo Contencioso, unos apoyaron a la Xunta y otros al Concello, sosteniendo que las licencias están bien otorgadas. El TSXG dicta una sentencia donde dice que "sólo hay suelo de protección paisajística" y que las licencias están mal dadas.
El gobierno actual remitió un nuevo PXOM a la Xunta en marzo, con posibles soluciones para que el suelo de las casas sea construible. No hubo respuesta.
