EVA GONZÁLEZ - A GUARDA
Una parte de las 21 viviendas unifamiliares situadas en las zonas de As Loucenzas y Catana, en A Guarda, declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, serán derribadas a partir del próximo día 1 de diciembre, al estar situadas en suelo no urbanizable de interés paisajístico. Varios propietarios han recibido la orden de desalojo y el alcalde guardés, José Manuel Domínguez Freitas, tuvo ayer conocimiento de todo ello a través de uno de los afectados, a pesar de que los avisos tienen fecha 27 de octubre pasado.
El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Pontevedra acordó responsabilizar a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta de la ejecución de la sentencia número 209/03, de 21 de noviembre de 2003, confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el día 19 de octubre de 2006, que conlleva el derribo de las obras amparadas por licencias concedidas por la Comisión de Gobierno de A Guarda para la construcción de viviendas unifamiliares.
Por su parte, el director de la Axencia, mediante resolución del 16 de junio de 2009, dispone la ejecución forzosa de la orden de demolición "a costa del obligado y sus causahabientes".
Por auto de fecha 7 de octubre de 2009, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 autorizó a la Axencia a entrar en parte de las viviendas, a fin de llevar a cabo las actuaciones imprescindibles para ejecutar la citada demolición.
La Axencia, con fecha 21 de octubre pasado, informó a los propietarios para el desalojo y retirada de todos los bienes muebles y enseres existentes en las edificaciones a derribar.
El alcalde guardés comentó escuetamente que "de las 21 viviendas, sólo los casos juzgados por el Contencioso Número Dos han recibido la orden de desalojo. Sé que el proceder de otros jueces ha sido distinto", comentó, sin entrar en más valoraciones. A fecha de ayer, casi todos los propietarios de las 21 viviendas ilegales habían presentado sus respectivas solicitudes de indemnización, cuya cifra no pudo precisar ayer el regidor municipal, aunque según estimaciones de José Luís Alonso Riego, su antecesor en el cargo, en enero de 2007, apuntaban que la suma a pagar por el Concello rondaría los 7,2 millones de euros.
En aquella fecha se culpó a la Xunta de no haber advertido de ilegalidad cuando se concedieron las primeras licencias.
