REDACCIÓN - GONDOMAR
El arquitecto vigués imputado como cómplice de un delito de cohecho en relación con el Plan Xeral de 2006 en Gondomar, Borja Ramilo, vuelve a aparecer en el panorama político de la villa condal. Su firma se encuentra en el documento que certifica la recepción por parte del ayuntamiento de la urbanización del polígono 1, edificado en los terrenos de la permuta que dio lugar a un contencioso administrativo y una sentencia que obliga a la promotora a devolver el valor del terreno obtenido al concello, puesto que el juez considera que la Administración pública salió perdiendo con el negocio. El portavoz del grupo municipal del BNG, Antonio Araúxo, mostró ayer el documento, al tiempo que exige el cumplimiento del fallo judicial por parte de la empresa Colmeiro y Martínez.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Vigo desestimó el recurso de la compañía constructora, por lo que los nacionalistas solicitaron al juez la ejecución estricta de la sentencia. Para Araúxo, resulta difícil que personas que ahora están en el gobierno y que también lo estaban en 2004, cuando comenzó el problema encuentren una solución sin "intereses".
El ex alcalde recuerda que el gobierno comunicó al juez que el fallo resulta inejecutable y adjuntó un informe a la carta, firmado por el abogado Martínez Torea.
El documento firmado por Borja Ramilo en agosto de 2009 sirve también a la empresa para reforzar su posición frente al ayuntamiento,. "¿Cómo é posible recibir unhas obras despois dunha sentenza firme que anula a permuta?", comenta.
