El fiscal de Medio Ambiente advierte que la provincia encabeza los delitos ecológicos

G.P. - PORRIÑO El fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, advirtió ayer que la provincia de Pontevedra está a la cabeza de las diligencias mediambientales a empresas, con un total de 41 expedientes abiertos de los 300 totales en Galicia. El responsable de la Fiscalía participó en una reunión con sesenta directivos y responsables de departamentos mediambientales de empresas en el centro tecnológico Aimen de Porriño.

García Ortiz abordó el tema el delito ecológico en Galicia que tuvo por objetivo profundizar en el análisis de la actual situación de la protección medioambiental y el grado de sensibilización de las industrias en esta materia.

En la sesión, el fiscal abordó el marco normativo, los tipos penitenciarios establecidos para delitos ecológicos, otros atentados medioambientales recogidos en el código penitenciario, y la experiencia de actuación de la Fiscalía en Galicia.

Según destacó en su exposición García Ortiz, el ejercicio de la acción popular y la tramitación de la acción civil derivada del delito otorgan al proceso penitenciario "un poderoso instrumento de defensa de en medio ambiente que satisface el establecido incluso en los proyectos de directiva más desarrollados".

También anunció que la Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia impulsa toda la potencialidad y utilidad de su capacidad de investigación para estudiar y combatir la delincuencia, tanto en la fase preventiva, como punitiva, así como para conocer el resultado de la actuación del derecho penal en aspectos importantes de política criminal, e incluso de reinserción social. Se trata, en definitiva, de que los órganos judiciales puedan disponer de modo inmediato del apoyo técnico imprescindible para las diligencias de investigación criminal en los procesos penitenciarios que se tramitan ante ellos.

Según destacó el ponente, "la Fiscalía de Galicia es pionera en el uso de las posibilidades que abre la investigación", argumentando que fue a partir de la oleada de fuegos de 2006 cuando la Fiscalía adoptó una actitud proactiva, asumiendo la iniciativa en la investigación de determinados ilícitos con gran trascendencia social, tratando de dar respuesta a la demanda social en tal sentido.

Como consecuencia de esa nueva disposición, Álvaro García Ortiz citó algunas actuaciones recientes, como la apertura de diligencias informativas en el año 2007 para ordenar al Seprona de la Guarda Civil a elaboración de un estudio detallado que proporcionara un mapa de riesgo del incidente de la problemática relativa a la gestión de los "purines" en Galicia, que derivó en el "Informe sobre la gestión de residuos agropecuarios en Galicia", de julio de 2008. Este estudio generó la información necesaria para que otros agentes sociales o políticos pudieran utilizar los datos y conclusiones para avanzar en la regulación de esta problemática y clarificar el marco normativo de este tipo de actuaciones.