N.P. - BAIONA
El exceso de ruidos de los locales de copas y el incumplimiento de su horario de cierre quedarán impunes a partir del próximo fin de semana en Baiona, al igual que las infracciones relacionadas con el tráfico que se produzcan las noches de viernes y sábados. Así lo asegura la plantilla de la Policía Local baionesa tras la decisión del gobierno municipal de anular de nuevo el turno de noche.
Los agentes recuerdan que tanto el control de ruidos, horarios y el aparcamiento son competencias exclusivas de los municipales, por lo que la Guardia Civil –a la que apeló el alcalde para que supla las funciones de los efectivos locales– no podrá intervenir. El regidor, Jesús Vázquez Almuiña, aseguró el pasado viernes que sí se mantendrán las patrullas nocturnas durante los fines de semana, pero los efectivos lo niegan. Y es que los cuadrantes de trabajo para este mes prevén que tan sólo un policía esté de servicio en ese horario las noches de los viernes y sábados. "Una sola persona no puede casi ni salir de las dependencias", recalcan los agentes, que consideran absurdo que Vázquez Almuiña diga a los vecinos que llamen al 112 en caso de emergencia, ya que ese servicio siempre acude a la Policía Local.
De este modo, los policías consideran que la eliminación del servicio nocturno se debe a una "falta de previsión, inexistencia de capacidad negociadora y falta de conciencia de la realidad sobre la conflictividad en un municipio que se dice de excelencia turística". Según los efectivos, los fines de semana suelen resultar agitados incluso terminada la temporada estival. "Hay peleas, accidentes de tráfico con alcoholemias, estacionamientos que impiden salidas de vehículos...", afirman.
Falta de personal endémica
Por todo ello, los agentes inciden en que las bajas laborales no pueden ser excusa para eliminar un servicio a todos los ciudadanos y que la falta de personal no es nueva, sino "un mal endémico que se arrastra desde hace muchos años y que ha sido denunciado de forma sistemática" sin respuesta. La plantilla incide en que las dos plazas que anuncia el regidor no resolverán el problema.
Asimismo, acusan a la Alcaldía de una "falta de cintura y capacidad negociadora que se puede comprobar en la cascada de sentencias condenatorias contra el ayuntamiento", como la reciente que obliga al concello a abonar atrasos de hasta 10.000 euros por agente.
Pese al alejamiento de posturas con el gobierno municipal, los agentes tienden de nuevo la mano a la Alcaldía para buscar soluciones consensuadas y "explorar posibilidades organizativas que no mermen los servicios a los ciudadanos".
