La guerra personal solapa el debate político en Gondomar desde que PP, PSOE y Move Gondomar firmaron la moción de censura que desalojó al BNG del gobierno municipal. La Alcaldía, ahora ocupada por el popular Martín Urgal, vivió ayer un nuevo episodio de crispación entre concejales, provocado por las acusaciones de ediles del gobierno, que tildaron al nacionalista Pauliño del Río de presunto infractor sin ni siquiera contar con un expediente urbanístico abierto. El propio protagonista de la historia se presentó en el despacho del alcalde arropado por sus compañeros Antonio Araúxo, María Luisa Varela y Antón García para exigirle sin éxito una disculpa pública y para entregarle la documentación que demuestra que sus propiedades son legales.

Tras reunirse en el local del Bloque, los cinco concejales se dirigieron al Concello de Gondomar. Muy afectado por las acusaciones que, según aseguró, mancillan su honor y preocupan a su entorno familiar, Del Río portaba copias de la licencia de la vivienda unifamiliar en la parroquia de Borreiros, la solicitud de la misma, la exposición pública, el acta de la comisión de gobierno que la informó favorablemente, la autorización de la comisión provincial de urbanismo, la hipoteca, entre otros documentos.

El primer paso en el ayuntamiento fue la presentación de los papeles en el registro municipal. Acto seguido, los cuatro se plantaron en la Alcaldía. Del Río entregó los documentos a Urgal, además de una carta en la que le pide que todos los miembros del gobierno le imiten y demuestren la legalidad de sus propiedades, además de una disculpa pública. Todo ello en medio de una discusión en la que los nacionalistas recriminaron la actitud "antidemocrática" del gobierno al pedir que se investigue a un edil a través del secretario particular del alcalde, quien a su vez repetía que "la ley debe ser igual para todos".

No hubo excusas oficiales porque el regidor afirmó ante los nacionalistas que tiene que asesorarse antes para comprobar si existe ilegalidad o no e incluso les recriminó que ellos mismos habían acusado a los miembros del tripartito de ilegalidades urbanísticas.

Urgal siguió alimentando el enfrentamiento personal en cuanto se marcharon los nacionalistas, ya que calificó lo ocurrido como "puesta en escena barriobajera" y "parafernalia con un trasfondo que debemos investigar para saber si hay algo que ocultar o no".

Y su secretario particular, Eladio Bargiela, remató la faena con un comunicado en el que incide en que el hecho de ser un cargo de confianza del PP no le resta derechos como ciudadano. El texto insiste en que los concejales del BNG "no tienen inmunidad. "¿Qué tienen que ocultar cuando pretenden evitar mediante presión mediática la investigación de su situación urbanística?", se pregunta.