El ex alcalde de Ponteareas, José Castro, afirmó ayer que todos los contratos considerados irregulares en su día por la justicia y por los cuales fue condenado a diez años de inhabilitación en 2001 por la Audiencia de Pontevedra y confirmada la sentencia por el Tribunal Supremo en 2004 "siguen siendo válidos y ninguno de ellos ha sido anulado".
Para el ex regidor esa es la prueba palpable de que en su momento se realizó una persecución política, auspiciada por el BNG, que concluyó en una condena que aunque acatada "fue injusta".
Cinco años después del pronunciamiento del Tribunal Supremo, Castro Alvarez, que fue alcalde en Ponteareas durante 32 años, asegura que se personará en el proceso de consolidación iniciado en el Ayuntamiento de los trabajadores laborales, entre los que se encuentran los 23 que motivaron la sentencia, "porque quiero defenderlos ahora como los defendí entonces y a la vez proclamar una vez más mi inocencia" .
De nuevo actualidad
El asunto ha vuelto a la actualidad después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictase que el propio Castro y otros seis ex concejales deberían pagar al abogado que les defendió en el proceso y no el Concello como hizo en su día y la negativa el Ayuntamiento a compensar la deuda con lo que debe a UCPA, tal y como había planteado recientemente el exalcalde. UCPA es el partido fundado por José Castro tras ser expulsado del PP y el que militaban cuando tomaron la decisión de contratar al abogado.
José Castro dijo ayer que la deuda del Concello a UCPA es superior a la que oficialmente ha dado a conocer el alcalde, Salvador González Solla –en torno a los 13.000 euros– y afirma que "si necesitamos cobrarlo ahora es porque nos exigen que paguemos la defensa judicial".
También disiente José Castro de la afirmación del alcalde de que en caso de ser reclamada la compensación no sería aceptada. "La decisión tomada en su momento la tomaron concejales de UCPA y no del PP, por lo tanto, es UCPA la que debe decidir qué hace con su dinero y en este caso hemos decidido pagar al abogado para cumplir una sentencia que acatamos pero no compartimos".
Añade que la decisión de Justicia en el caso del pago del abogado es injusta porque correspondería al Concello. "Fueron contratos realizados ejerciendo nuestras funciones. Entonces supimos defender al personal y ahora vamos hacer lo mismo".
