El recién conocido proceso final de la liquidación del grupo constructivo Marbar, con sede en Vilameán (Tomiño) era valorado ayer por representantes de los colectivos afectados. Todos mostraron su convicción de que serán las entidades bancarias y crediticias las primeras en acceder a los bienes del grupo, estimados en 30 millones de euros, para liquidar hipotecas.

Asumiendo esta probabilidad que todos consideran segura, Serafín Fernández, representante de la CIG que ha llevado el caso de los trabajadores de Marbar desde el mismo día de la desaparición del empresario Manuel Martínez Barros, el 21 de enero de 2008, informaba ayer que entre este mes y el de noviembre, los 48 trabajadores cobrarán del Fondo de Garantía Salarial las cantidades y despidos que les corresponden, después de haberlas presentado para su cobro el 18 de junio de 2008.

Por lo que sabe, hay dos o tres trabajadores de Marbar que después de haber entrado para trabajar en otras empresas, volvieron a repetir la fatídica experiencia. Otra parte está recolocada y menos del 50% está en paro.

Sobre el desarrollo del proceso, opinaba ayer que “ha sido un procedimiento muy pesado, que podía haberse llevado más rápido. Casi fueron dos años de proceso judicial. Algo falla en la aplicación de la Justicia”, lamenta. Informa que para el mes de noviembre están previstos cuatro juicios por la reclamación del pago de horas extras y todavía habrá algún otro más en diciembre. En cuanto al plan de liquidación -que se elaborará en un plazo de 15 días- señaló que “los trabajadores cobrarán un porcentaje alto, pues tienen preferencia”.

Los acreedores consultados son pesimistas sobre el cobro de lo que se les debe y que se cuantifica en 38.500.000 euros. Daniel Castiñeira, con empresa de albañilería, falsos techos y tabiquería interior, razonaba que el patrimonio de los 30 millones del grupo Marbar, al liquidarlo será menos, y los acreedores están en el grupo de cola para el cobro. Describe que el informe concursal “nos presenta un panorama negro”. La deuda de Marbar le llevó a una regulación de empleo que afectó a 4 de sus trabajadores, pues seis de ellos trabajaban desde hace dos años, en exclusiva, para las obras de Marbar. Julio Carrera, con una empresa de pintura y decoración, coincidía en opinar lo mismo, calculando que en el mejor de los casos se les liquidará el 50% de la deuda, una cifra que le supuso regulación de empleo con 4 trabajadores afectados. Otros consultados recalcan que los bancos serán quienes cobren.

Propietarios de pisos dicen que su valor ha bajado

José Rodríguez Espiñeira, representante de propietarios de pisos en A Cañiza, Covelo y Carballiño que impugnaron el informe de la administradora concursal sobre créditos e inventariado de bienes, donde figuran sus viviendas. Manifestaba ayer que “nuestra situación no ha variado, es la misma”.

Piden al juez que las retire del listado de bienes del grupo empresarial. Alega que las viviendas no valen igual que en el año 2007 y dice que hay entidades bancarias que ya han negociado con administradores, acordando precios de adquisición que son de un 30 a un 40% inferiores a los que valora la administración concursal como activos del grupo.

Entre los cien afectados hay tres niveles: personas que permutaron sus solares por pisos, otras con viviendas ya terminadas, y las que adquirieron viviendas que todavía están por rematar.

La mayoría de los pisos están sin escriturar, aunque ya hay unas doce familias que viven en ellos.