El acuerdo de Barral para permitir construir accesos provisionales –uno peatonal y otro rodado– al nuevo instituto de Ponteareas no supone una mayor edificabilidad en la zona, según manifestó el alcalde, Salvador González Solla.
La agrupación local de Izquierda Unida, anunció, por otra parte, que solicitó una nueva investigación a la Fiscalía Anticorrupción a los cuatro grupos de la Corporación –PP, BNG, PSOE y UCPA– por recalificar suelo rústico por urbanizable, lo que ya se hizo en 2005, a través del convenio que permitió la decisión del terreno para el instituto.
González Solla, no quiso reconocer a preguntas de FARO DE VIGO que la pretensión de los empresarios era lograr una mayor edificabilidad, aunque precisó que "tengo que agradecer a los propietarios el acuerdo, que no significa más edificabilidad".
La tesis de Esquerda Unida que los empresarios pudieron aprovechar la presión de los padres para intentar arrancar al concello la posibilidad de construir un mayor número de viviendas, pero tras la decisión del pleno de iniciar la expropiación decidieron llegar a un acuerdo. Aún así el partido que en Ponteareas coordina Xosé Enrique González Lago, cree que hay argumentos suficientes para que la Fiscalía Anticorrupción analice "la enorme chapuza cometida en la zona".
El alcalde insistió en que los accesos que se crean ahora son provisionales y se usarán hasta que estén concluídos los viales que se planfican en el futuro Plan Xeral de Ordenación Municipal. González Solla pidió disculpas a los padres por el retraso y espera que este martes concluyan las obras "aunque el tiempo no está ayudando".
