Solla suspende el pleno tras ser increpado por los afectados del instituto de Barral

GABINO PORTO - PONTEAREAS El alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla, suspendió ayer la sesión ordinaria de la Corporación tras ser increpado por los afectados del nuevo instituto de Barral, que le culparon de no haber realizado la expropiación forzosa de los accesos a tiempo para poder comenzar las clases.
La suspensión se produjo después de que el regidor compareciera para dar cuenta de sus gestiones. Esta comparencia había sido solicitada por los grupos municipales del BNG y PSOE para que el alcalde y concejal de Educación, Juan Carlos González Carrera, explicasen las gestiones de los dos últimos meses.
El regidor dio a conocer su convencimiento de que habría un acuerdo con los propietarios e indicó que el proceso de expropiación se inicia por haber fallado las previsiones iniciales.
Sus explicaciones no convencieron a vecinos y oposición, y varios padres, que habían escuchado de forma respetuosa las distintas intervenciones durante la sesión, le increparon, por lo que el alcalde decidió levantar de inmediato la sesión plenaria.
El portavoz del BNG, Xosé Represas, aseguró tras el pleno que el alcalde no supo explicar las razones por las que no logró el acceso al centro sabiendo que el camino existente facilitado por la propiedad era provisional para la realización de las obras.
Según Represas, el BNG pidió que se reuniera la comisión de seguimiento creada en su día –y en la que también están los propietarios– y el alcalde no respondió.
La asistencia al pleno por los padres fue la última movilización del día después de que durante la jornada realizasen distintas protestas e interrumpieran el tráfico en el centro urbano por espacio de una hora cruzando de forma continuada por varios pasos de peatones.
El responsable territorial de Educación, César Pérez Ares, afirmó ayer que la consellería tenía todo dispuesto para empezar el curso en ese centro –profesorado, mobiliario y equipo de limpieza– e indicó que la situación anómala que se ha producido no era esperada en la Xunta de Galicia, ya que se creía que finalmente Concello y los propietarios llegarían a un acuerdo, tal y como les había comunicado el gobierno local en una ocasión reciente.