Una reunión de toma de contacto y con voluntad de acuerdo. Esa es la lectura que los miembros de la corporación de Gondomar han realizado del encuentro que tuvieron ayer para buscar una solución a las decenas de viviendas que fueron construidas en el polígono 1 de la villa condal, afectadas por la anulación de la permuta concedida por el popular Carlos Silva en 2004 por sobrevalorar un terreno privado e infravalorar el público.

El equipo de gobierno apuesta por corregir el desajuste de 700.000 euros que motivó la sentencia por medio de una indemnización al Concello de dicha cantidad que debiera asumir Promociones Colmeiro y Martínez. De este modo, quedaría descartada la propuesta realizada por la propia promotora, por la que estaba dispuesta a ceder varias plazas de aparcamiento. La decisión se justificaría en las distintas tasaciones que podrían derivarse de estas propiedades, advertidas por los asesores municipales.

El BNG declinó pronunciarse sobre esta iniciativa, ya que esperará a que ésta le sea remitida por escrito para estudiarla en profundidad y emitir una valoración. Hay que recordar que el acuerdo de todos los ediles es necesario por imperativo del juez, que advertía de que la salida debe ser consensuada por todas las partes implicadas. Además, faltaría decidir en qué se invertiría esa cantidad.

Aún existiendo un acercamiento entre las posturas de los políticos para reponer el desajuste de la permuta desfavorable a las arcas municipales y en el empleo de los fondos, faltaría el visto bueno de la constructora y, posteriormente, del propio juez. El tiempo corre en contra de las decisiones a tomar, puesto que en un mes debe regularse la situación de las viviendas ubicadas en la carretera entre Gondomar y A Ramallosa.

Los vecinos urgen que tanto gobierno como oposición "dejen las diferencias políticas a un lado" y se preocupen por los afectados. Recuerdan, además, que desde el 1 de junio no se haya producido ningún movimiento por parte de los miembro de la corporación

En los próximos días se convocará una nueva reunión para abordar la propuesta definitiva del gobierno. El último paso será llevar el asunto para su aprobación en sesión plenaria.