J.C. - PONTEAREAS
El colectivo de vendedores ambulantes, agrupados en cooperativa, que fueron expulsados del mercadillo de Ponteareas a través de una ordenanza restrictiva del Concello, realizada con el apoyo de la asociación de comerciantes, están dispuestos a negociar la vuelta y a retirar, si se llega a un acuerdo, el recurso contencioso administrativo.
El portavoz de los afectado, Sinaí Jiménez, representante de la Asociación "Pueblo Gitano de Galicia" considera que el Concello no sabe diferenciar entre los derechos de una cooperativa de trabajo asociado y los de una persona física. Afirma que cada uno de los miembros tiene que efectuar tres pagos: uno a la Seguridad Social, otro a Hacienda y otro más al Concello, por montaje de cada uno de los puestos.
Afirma también que "la imagen que se está dando no es la realidad" y dice que los demás vendedores ambulantes también quisieron crear una cooperativa y no llegaron a un acuerdo.
Para el representante de los cooperativistas es cuestión de tiempo que el contencioso administrativo contra el Concello termine en un fallo contra éste ya que se han apreciado irregularidades en la ordenanza. De todos modos, "preferiríamos reunirnos con el alcalde y llegar a un acuerdo, porque los procedimientos judiciales son muy lentos", dijo.
El representante del colectivo pide al concello que recapacite "porque creemos que la ordenanza perjudica a todo el mundo".