El subdelegado del Gobierno justifica la carga policial contra los vecinos de Canedo

GABINO PORTO - PONTEAREAS El subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, aseguró ayer que las sanciones administrativas propuestas a los vecinos de Canedo, que estos denunciaron, no son "ningún tipo de persecución" sino simplemente dijo que los expedientes de sanción abiertos por la subdelegación del Gobierno responden, "como no puede ser de otra manera, a sucesivas actas-denuncia formuladas por los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana como la promoción de manifestaciones no debidamente comunicadas, resistencia a la autoridad o desórdenes públicos...", dijo.
El subdelegado indicó que "no se ajusta a la verdad la afirmación de que el Ministerio de Fomento está llevando a cabo una obra ilegal; resulta cuando menos inadecuado y extemporáneo exigirle a este ministerio actuaciones que van más allá de su responsabilidad y que, además, en ningún momento han sido previstas por un proyecto concreto de mejora de la seguridad vial en la N-120 y, en cualquier caso, lo que es todavía más importante, en un Estado democrático y de derecho ningún ciudadano, por mucha razón que tuviere, está legitimado para tomarse la justicia por su mano".
Delfín Fernández indicó también que "los vecinos, además de celebrar múltiples concentraciones y manifestaciones, algunas de ellas no comunicadas, por lo tanto, ilegales, con graves cortes de tráfico, han paralizado las obras, según consta en las denuncias que ha presentado la propia empresa constructora, al menos en cinco ocasiones, con unos perjuicios económicos valorados en más de 14.000 euros, poniendo además con ello en grave riesgo su integridad física y la de los propios trabajadores".
Señala que "la Guardia Civil ha cumplido en todo momento con su obligación, máxime cuando el propio servicio provincial de carreteras había solicitado ante la subdelegación del Gobierno "auxilio de la Fuerza Pública para poder dar continuidad a una obra pública interrumpida ilegalmente por los vecinos en varias ocasiones".
Sobre la intervención del día 16, que la que los antidisturbios actuaron contra los manifestantes, "se produjo después de reiteradas llamadas para que depusiesen su actitud, con las oportunas advertencias de que, de no hacerlo, se tendría que utilizar la "fuerza", no la "violencia", que no es lo mismo, y al final se llevó a cabo con grave resistencia a la autoridad por parte de los vecinos".
Por otra parte, el subdelegado señaló que las acusaciones de falta de diálogo por parte de la administración "no se corresponden con la realidad, porque se han mantenido al menos dos reuniones con ellos: una en el servicio provincial de Carreteras y otra en la subdelegación del Gobierno, en la que estuvieron los técnicos de este organismo y yo mismo. Además, también atendí telefónicamente en dos ocasiones al presidente de la Asociación de Canedo cuando me llamó", dijo.