Los gondomareños tendrán que esperar al menos hasta finales de este año para seguir el juicio contra los ex ediles del PP Alejandro Gómez Garrido y José Luis Mosquera, la novia de éste último y el arquitecto vigués Borja Ramilo. Los cuatro protagonizaron el mayor escándalo urbanístico de la historia del municipio y deben responder por sendos delitos de cohecho ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, ubicada en Vigo, que acaba de desestimar los recursos de sus abogados contra la consideración de las escuchas telefónicas como pruebas en el caso. Los letrados presentarán ahora ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la cuarta alegación contra las intervenciones telefónicas, que consideran ilegales por atentar contra la intimidad de sus clientes, pese a que la sala viguesa negó su irregularidad porque las cree motivadas en el transcurso de la investigación. Uno de los abogados, de hecho, ya ha formalizado el recurso.

La respuesta del TSXG a este nuevo trámite podría producirse en tan sólo dos meses. No obstante, la vista oral no se celebrará al menos hasta el último trimestre de este año. Y es que una vez resuelto el recurso, y en el caso de que el tribunal gallego lo desestime de nuevo, la sala deberá realizar el sorteo para designar a los miembros del jurado popular que se encargará de determinar si los acusados son inocentes o culpables por participar supuestamente en una trama de intercambio de dinero por favores urbanísticos en el Plan Xeral de Ordenación Municipal.

La del TSXG es la última oportunidad de los defensores de los dos ex ediles, la novia de uno de ellos y el arquitecto para parar el juicio a causa de la ilegalidad de las escuchas que tratan de demostrar. En el caso de que la vista se celebre a finales de este año o principios del próximo, deberán esperar a la existencia de una sentencia condenatoria para recurrirlas de nuevo ante el Tribunal Supremo e incluso ante el Constitucional, según señalan fuentes próximas al caso.

Los dos ex concejales se presentarán al juicio acusados directamente por ofrecer beneficios urbanísticos a promotores a cambio de mordidas, mientras que el arquitecto y la pareja de Mosquera acudirán como colaboradores en la comisión de los delitos. La Fiscalía pide multas de 1,9 millones de euros para Gómez Garrido y Mosquera, de 720.000 para Borja Ramilo y de 135.000 para Belén Fernández, además de inhabilitaciones.