Acusan a Gondomar de infracción muy grave de la ley de protección de datos

J.PÉREZ/N.PILLADO - VIGO/GONDOMAR La polémica “quema de papeles” que se produjo en Gondomar tan sólo unos días después de la detención de los ex concejales Alejandro Gómez y José Luis Mosquera, junto a la compañera de este último y un arquitecto vigués por delitos de cohecho tiene ahora su pena. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acusa al concello de cometer unha infracción muy grave al haber vulnerado el deber de guardar secreto sobre los datos de carácter personal de varios administrados con expedientes abiertos en la institución municipal.

Una vecina encontró los documentos en plena calle y presentó una denuncia ante la AEPD, a la que aportó los informes encontrados sobre gondomareños usuarios del departamento de Servicios Sociales, en los que aparecían datos sanitarios, de cuentas bancarias, entre otros detalles relativos a la intimidad.

La explanada situada tras el Centro de Desenvolvemento Local había sido también entonces escenario de la quema de cientos de archivos. El asunto fue denunciado en su momento por el grupo municipal del BNG, que ahora ostenta la Alcaldía. Su portavoz, el hoy regidor Antonio Araúxo, calificaba entonces de “sospechosa” la incineración de documentos por parte del gobierno del PP tras el escándalo urbanístico. En todo caso, criticó la forma en que el ayuntamiento se deshizo de los archivos caducados.

Pocos meses después, cuando Araúxo ya había accedido a la Alcaldía, el concello recibió un requerimiento por parte de la Agencia Española de Protección de Datos que lo advertía de una multa de 600.000 euros si no tomaba medidas para adecuar la gestión de los archivos a los protocolos legales. El gobierno municipal contrató entonces a una empresa, según explicó ayer el regidor, para realizar ese trabajo y establecer un sistema tanto de gestión como de destrucción de documentos, así como para formar a los funcionarios en el asunto. Araúxo asegura que el protocolo ya está en marcha y que el ayuntamiento ha remitido a la AEPD el informe que certifica su adaptación a la legalidad.

El citado organismo no ha recibido la respuesta del ayuntamiento y, por ello, anuncia la publicación de esta acusación y su remisión al Defensor del Pueblo para que actúe. Las sanciones económicas de la AEPD se dirigen normalmente a empresas privadas. Con las administraciones, se limita a hacer públicas sus faltas.