El ex alcalde popular del Concello de A Guarda, José Luis Alonso Riego, admitió ayer durante un juicio en la Audiencia de Pontevedra que justificó dos subvenciones de 13.000 y 10.000 euros concedidas por la Consellería de Xustiza, Interior y Administración Local de la Xunta y la Diputación Provincial de Pontevedra con dos facturas de unas obras que no estaban terminadas.
Alonso Riego se enfrenta a una petición por parte del fiscal de 4 años de prisión y 11 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad. El ex regidor afirma que justificó las dos subvenciones con facturas que solicitó a las empresas encargadas de realizar las obras a pesar de que sabía que no estaban finalizadas. Dice que lo hizo para que no se perdieran estas ayudas.
Añadió que él mismo informó de este hecho al arquitecto municipal y a la interventora a quien instó “a que especificase que las obras estaban iniciadas pero no acabadas”.
El tribunal le preguntó la razón por la que firmó un decreto que levantaba la orden suspensiva de pago de estas facturas decretada por la interventora. Él alegó que “eso non quere decir que se pagaran”.
En este caso también figura como acusado Celso Juan Rodríguez Fariñas, entonces concejal de Cultura. El fiscal le acusa de haber dado el visto bueno a las facturas pese a conocer que las obras no estaban realizadas. Para Rodríguez Fariñas, que no quiso declarar, el fiscal pide 4 años de prisión. También testificó en el juicio el arquitecto municipal quien señaló que el día en el que se emitieron las facturas las obras ni tan siquiera habían empezado.
El caso llega a la Audiencia a raíz de una denuncia presentada por el actual alcalde socialista de A Guarda, José Manuel Domínguez Freitas, quien ayer declaró que el dinero de las subvenciones está en el Concello y las facturas siguen sin pagarse.
Al final de la vista, el ex regidor afirmó que en sus 7 años como alcalde así como en su etapa de diputado autonómico “nunca percibí un céntimo de dinero público” y que todo lo que cobró por estos cargos “lo cedí a instituciones benéficas”.
Los hechos se remontan al 21 de febrero de 2005, cuando Alonso Riego envió la solicitud de subvención a la Consellería y posteriormente la formuló a la Diputación Provincial, para obras de mantenimiento y conservación del Concello.
Antes del vencimiento del plazo para la justificación de las obras objeto de la subvención, y con el fin de no perder las ayudas concedidas, remitió a la Consellería y a la Diputación provincial fotocopia cotejada de la factura del gasto, cuando las obras no estaban ejecutadas.
