Las tres entidades promotoras de la Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra y As_Neves, conocida como Puerto_Seco, Puerto de Vigo, Consorcio de la Zona Franca y el IGVS, dependiente de la consellería de Vivenda, meditan todavía el recurso de las sentencias favorables al pago de los derechos mineros a los propietarios de las parcelas expropiadas.
Un representante del Consorcio de la Zona Franca confirmó a Faro de Vigo que esta entidad está estudiando las sentencias que ya existen para recurrirlas, si no existiese un acuerdo con los afectados.
Los fallos judiciales consideran por vez primera el "aprovechamiento potencial" de los recursos mineros por los expropiados y renuncian a la tesis de que para poder percibir indemnizaciones por esos recursos deberían poseer una concesión minera sobre los mismos._Esta cuestión, que aparece reflejada en la primera sentencia dictada contra el recurso de un particular, fue recurrida en el Tribunal Supremo.
Por otra parte, la Consellería de Vivienda y Solo entregó una propuesta de convenio a los representantes vecinales de los afectados por la expropiación de la Plisan, en función de la cual los tres promotores de esta actuación de suelo empresarial, -IGVS, Zona Franca y Autoridad Portuaria-, asumirían el pago de los recursos mineros, pagos que después serán reclamados a las empresas mineras beneficiadas de la explotación de estos recursos.
Las mineras, sin embargo, no están dispuestas a pagar la totalidad del mineral y ya advirtieron de que sólo se harían cargo del pago por el mineral de las cuadrículas en las que tuviesen explotaciones en vigor y por el que son compensados por la Xunta y no por los restantes derechos.
La propuesta de pago de la consellería de Vivenda, _-valorada previamente por los tres promotores del ámbito-, deberá quedar cerrada en los próximos días y, una vez recibidos los preceptivos informes jurídicos y económicos con carácter favorable, la propuesta será aprobada por el Consello de la Xunta para que, finalmente, se pueda hacer efectiva.
El borrador del convenio fue facilitado a los representantes de los afectados, tras una reunión celebrada el miércoles en la Consellería de Vivienda e Solo. El texto, que también será sometido a la consideración y alegaciones de los vecinos, prevé abonar un total de 3,75 euros por metro cuadrado a los que habían sido propietarios de terrenos en el ámbito que estén sometidos la explotación minera y que, en su día, presentaran recursos contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Justicia, al entender que tenían derechos sobre esos recursos mineros.
Los afectados en un escrito registrado el viernes en la Xunta piden también el pago también de los intereses de demora.
