Los informes técnicos municipales y externos favorables sirvieron una vez más al ex alcalde y actual portavoz del PP de Gondomar, Carlos Silva Mariño, y a los cinco ediles que formaban su junta de gobierno en el anterior mandato para justificar la concesión de licencias urbanísticas presuntamente irregulares. Los seis imputados por un supuesto delito de prevaricación urbanística declararon ayer en la primera jornada del juicio oral. Según sus testimonios, los 37 permisos otorgados en diciembre de 2005 y enero de 2006 contaron con el visto bueno de la secretaria municipal y de abogados contratados.

En el banquillo de los acusados se sentaron por primera vez Silva y los entonces ediles José Luis Mosquera (Cultura) -imputado también por un presunto delito de cohecho durante la elaboración del plan urbanístico de 2006-, José Misa (Deportes), Ángel Gregores (Vías y obras), Abelardo Meneses (Parques y jardines) y Jaime Rial (Alumbrado público), que integraban la junta de gobierno responsable de otorgar las licencias urbanísticas. Curiosamente, el concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, acusado de cohecho junto a Mosquera, no formaba parte de la citada comisión para otorgar los permisos.

Silva fue el primero de los seis imputados en responder a las preguntas de la fiscal y de su abogado en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo durante dos horas y media. El interrogatorio relató el proceso judicial que envolvió al PXOM, desde la sentencia del Tribunal Supremo que lo anulaba a principios de 2005. El anterior regidor hizo referencia a los informes de la secretaria municipal y de un abogado contratado sobre la conveniencia de aprobar en pleno las correcciones que permitían adaptar el PXOM a la sentencia del Supremo y así evitar su anulación y sobre la legalidad de las licencias. Respecto a aquel acuerdo plenario, la fiscal citó el requerimiento de la Xunta que advertía de su nulidad y el aviso de la secretaria municipal el 23 de junio de 2005 sobre los riesgos que suponía. Pero Silva insistió en que su junta de gobierno siguió otorgando licencias y contrató al bufete Garrigues Walker para defender el documento urbanístico "hasta las últimas instancias". Según consta en el sumario del caso, el TSXG remitió un auto el 21 de noviembre de 2005 a este despacho de abogados en el que suprimía el acuerdo plenario y anulaba de nuevo el plan, pero los concejales aseguraron no tener conocimiento del mismo hasta dos meses después. La fiscal introdujo entonces la duda, puesto que recordó la existencia de un recurso de súplica desestimado durante ese período de dos meses, así como otra advertencia de la secretaria municipal el 17 de enero de 2006 sobre la conveniencia de acudir a la comisión provincial de Urbanismo para consultar el caso. Todos los citados manifestaron que no recordaban nada al respecto e insistieron en que habían aprobado las licencias porque los informes técnicos las respaldaban. Mosquera incluso afirmó: "mi preocupación por el urbanismo era pequeña".