Un gobierno municipal en el banquillo acusado de prevaricación urbanística. El ex alcalde de Gondomar, Carlos Silva, y los cinco concejales de su junta de gobierno se sentarán a mediados de noviembre en el banquillo de los acusados por la supuesta concesión ilegal de 300 licencias urbanísticas.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo ha fijado para el lunes día 17 de noviembre el inicio de la celebración del juicio. La vista se prolongará al menos otras dos jornadas, e incluso en función del tiempo que requiera el análisis de las pruebas documentales en que se basa la acusación, podría durar toda la semana.
La fiscal solicitó un año y medio de prisión para Carlos Silva y los ediles Ángel Grégores (concejal de Vías y Obras), Jaime Rial (concejal de Alumbrado y Servicios), Abelardo Meneses (concejal de Medio Ambiente), José Misa (concejal de Deportes) y José Luis Mosquera (concejal de Cultura). Éste último también ha sido imputado en otro caso de supuesto cohecho por corrupción urbanística en el mismo municipio que se sigue en causa aparte.
Delito
El ministerio público considera que todos ellos son responsables de un delito contra la ordenación del territorio, concretamente en su modalidad de prevaricación urbanística. Además de la pena de cárcel, solicita también un castigo de 10 años de inhabilitación especial para ser elegidos miembros de corporación local.
Carlos Silva, al frente de la Alcaldía, y los cinco concejales formaban la junta de gobierno de Gondomar entre febrero de 2005 y enero de 2006, período en que se concedieron las 300 licencias urbanísticas de forma supuestamente ilegal, ya que los permisos fueron otorgados al amparo de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) anulado y con informes jurídicos desfavorables por parte de los técnicos municipales.
La anulación del PXOM de Gondomar se produjo en febrero de 2005 tras un largo proceso judicial. El documento había sido aprobado en pleno en 1997, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo dejó sin efecto en una sentencia de 2001. El Tribunal Supremo lo anuló de forma definitiva cuatro años después por tener defectos de forma.
Los seis imputados por presunta prevaricación urbanística pertenecían al grupo popular que en aquellos momentos gobernaba el municipio gondomareño. En la actualidad Carlos Silva y Ángel Gregores siguen siendo concejales, aunque ahora tras las últimas elecciones municipalesestán en la oposición.
En caso de ser condenados por prevaricación urbanística, tendrían que abandonar la corporación municipal.
