Amigos y familiares de José Manuel González Grandal, "Josiño", el vecino de Salvaterra denunciado por una supuesta estafa en la venta de pisos, pidieron ayer que se entregue antes de que las fuerzas del orden den con él y lo detengan.
El prófugo, que se encuentra en paradero desconocido desde que se destapó la trama, hace un mes, llamó a principios de semana a su hija, que reside en Salvaterra junto a su primera mujer, para decirle que se encontraba bien. La llamada se produce al mismo tiempo que la decisión del Juzgado de Instrucción número dos de Ponteareas de dictar contra él una orden de búsqueda y captura, confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
En Salvaterra los rumores en las dos últimas semanas son insistentes en el sentido de que González Grandal estaría preparando su regreso y su entrega voluntaria a las autoridades. "É o que tiña que facer, afrontar co problema con valentía", aseguró ayer un vecino que considera que González Grandal habría gastado su parte en el supuesto negocio fraudulento en mantener un ritmo de vida por encima de lo normal y que en estos momentos no contaría con mucho dinero. Esa sería la explicación por la que, días antes de su huida, solicitó un importante crédito bancario con el aval de un familiar directo.
Algunas personas próximas al entorno de González Grandal aseguran, sin embargo, que "será muy difícil que regrese si no dan con él", ya que afirman que lo único que le ata a la zona es su hija.
Por otra parte, la Guardia Civil que investiga la desaparición de "Josiño", junto a su actual esposa, Diana Patricia López Carmona, y un supuesto socio José Carlos Barros Romero, tendría pistas fiables sobre su paradero y se estarían cursando trámites para su detención.
Así la Juez de instrucción del Juzgado número 2 de Ponteareas emitió tres órdenes internacionales de busca y captura contra los tres supuestos implicados en la trama. Al mismo tiempo, el Juzgado inició medidas cautelares para asegurar la responsabilidad pecuniaria de los implicados, siguiendo las pautas establecidas en este tipo de procesos. Entre estos bienes estaría la mercancía de la tienda de ropa propiedad Diana Patricia en Vigo y que en estaría sin vender.
La supuesta estafa se produjo al ser cobradas cantidades por la venta de bienes inmuebles que era ficticia, quedándose dos de los implicados -González Grandal y Barros Romero- con el dinero entregado.
Estos días también son numerosos los comentarios sobre la localización de Manuel Martínez Barros, el propietario del grupo de empresas Marbar, sobre el que tambièn pesa una orden judicial de búsqueda y captura.
