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Rosalía Mera, una de las afectadas por el derribo de los apartamentos de Armona

 
Los apartamentos de la urbanización Armona de Camposancos, en A Guarda. / E.G.
Los apartamentos de la urbanización Armona de Camposancos, en A Guarda. / E.G. 

El TSXG dio de plazo un mes para iniciar la demolición

Eva González / A GUARDA
La millonaria gallega Rosalía Mera Goyenechea, ex esposa de Amancio Ortega, es una de las quince propietarias afectadas por la orden de derribo de los ocho apartamentos de la urbanización Armona de Camposancos (A Guarda), ordenada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La mujer que figura en el ránking de las mayores fortunas del mundo, eligió este lugar cercano a la desembocadura del Miño para pasar algunos días de verano en la más estricta intimidad, dada la privacidad y situación del complejo, parte del cual está condenado a desaparecer por haberse construido en "un lugar no destinado a ese uso".
Su nombre figura junto con otros catorce, en la relación de "codemandados" en el procedimiento judicial abierto por el TSXG, quien dio de plazo un mes para que el Concello de A Guarda inicie los trabajos materiales de demolición.
El alcalde guardés, José Manuel Domínguez Freitas, con fecha 2 de junio, se dirigió al Alto Tribunal para solicitar autorización judicial a fin de poder entrar en las viviendas afectadas por la sentencia y así proceder a la valoración y encargo del proyecto de demolición.
En su escrito se informa que se consiguió la identificación de los actuales propietarios de las viviendas afectadas, a quienes se les solicitó por escrito autorización para entrar en sus viviendas para el que técnico municipal pudiese examinarlas con el fin de realizar una valoración de las obras y contratar la redacción del correspondiente proyecto de demolición. Pero, según explica el regidor local, no hubo respuesta alguna.
Dada la urgencia de la demolición que se exige, el pasado 27 de mayo visitaron dichas viviendas el aparejador y el arquitecto municipal, además del cabo jefe de la Policía Local, para verificar si alguno de los propietarios afectados por la ejecución de la sentencia se encontraba en el lugar y permitía voluntariamente acceder a sus propiedades, siempre con el fin antes señalado.
La Policía Local acudió en fechas diferentes, resultando que de los dos propietarios que se encontraban allí, ninguno dió su consentimiento para entrar en sus domicilios.
El regidor local , en vista del caso, manifiesta que para cumplir con el mandamiento del Tribunal, es absolutamente necesaria la concesión de la autorización judicial pertinente que solicita. Además indica que por las razones expuestas, resulta imposible realizar la demolición ordenada en los plazos señalados y recuerda que el procedimiento a seguir debe cumplir la legislación vigente.

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