17 de mayo de 2018
17.05.2018

Diputación y perrera provincial

17.05.2018 | 04:55

620.000 euros, es decir, algo más de 103 millones de pesetas. Esa es la cantidad de la que dispondrá la empresa Tragsatec, gracias a la Diputación que dirige la socialista Carmela Silva, para gestionar la perrera provincial de Meis durante el próximo año y medio. Una enorme cantidad de dinero público, cuyo uso únicamente tiene sentido si de forma paralela y urgente se lleva a cabo una política eficaz de prevención. En caso contrario estaremos hablando de una estafa.

El origen del problema del abandono es doble: por un lado, el hecho de que resulte tan sencillo conseguir un animal como deshacerse de él. A día de hoy no hay ni un solo ayuntamiento que tenga un censo de titularidad municipal fiable (es decir, riguroso, obligatorio y gratuito) para las mascotas y sus propietarios. Sin este imprescindible control, abandonar es facilísimo. Resulta además fundamental conocer el número de gatos y perros existentes en cada concello para poder gestionar de manera eficiente cualquier programa de control de natalidad, lo que nos lleva al párrafo siguiente.

Como segunda causa del abandono hay que señalar el enorme desequilibrio existente entre el número de animales que nacen y el de personas dispuestas a hacerse cargo de ellos de forma adecuada. Se genera así un problema de crecimiento exponencial cuya solución pasa por organizar campañas masivas de esterilización a precio de coste. Porque ¿cómo es posible que esta cirugía, que es una de las claves para solucionar el abandono, tenga un precio que la convierte en algo prohibitivo para mucha gente? Y no se puede dejar este tema en manos de las clínicas privadas: el abandono de animales es algo moralmente aberrante que además cuesta dinero público. Es decir, son las diferentes administraciones las que tienen la responsabilidad de afrontarlo. Insto desde estas líneas a la Diputación a que coordine de forma urgente la organización en cada municipio de campañas verificables de esterilización a precio de coste, abiertas a todos los vecinos. El único gasto público sería el derivado de los sueldos veterinarios, que, a su vez, podrían financiarse con cargo a sanciones por comportamientos incívicos relacionados con animales, así como a un canon periódico impuesto a aquellos propietarios que decidan no esterilizar, y que debiera ser especialmente elevado en el caso de quienes se dediquen a la cría con fines lucrativos.

Y qué mejor manera de animar a la adopción supervisada de animales abandonados que ofrecer a cambio tratamiento veterinario básico (desparasitaciones y vacunas) a precio de coste mientras viva el animal? Porque, para finalizar, solicito a la Diputación que igualmente garantice en cada municipio, al menos de forma mancomunada, la existencia de un veterinario de titularidad pública para estos menesteres.

Señora Silva: solo actuando con urgencia y eficacia se podrá atajar este problema. Si, por el contrario, no le interesa hacerlo, estaríamos hablando, como ya indiqué anteriormente, de una estafa en toda regla.

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