El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido declarar la inconstitucionalidad y nulidad del decreto ley 3/2015 de la Generalitat Valenciana, una de las primeras normas que puso en marcha en 2015 el Consell de Ximo Puig cuando accedió al gobierno autonómico, y que regulaba el acceso a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular. De esta forma, el tribunal estima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra este decreto, al considerar que entra en contradicción con la normativa básica estatal y que lo que lleva a efecto es una "ampliación de la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa estatal".
