¿Cuidamos los montes en Galicia? Personalmente, creo que no. Además de lo expuesto ya en mi artículo anterior en pro de medidas de vigilancia -como aparatos de videograbación con drones u otros artilugios de innovación tecnológica- también considero de vital importancia dar mucha importancia a la cartografía y prestar una especial atención a distintos fenómenos que se puedan dar en el rural gallego, tales como los incendios, lluvias torrenciales que propicien desprendimientos de tierra o vertidos incontrolados, entre otros.

En la Comunidad Autónoma Gallega, pienso yo, no se ha atendido con suficiente interés los problemas reseñados y acaso falten diagnósticos más ajustados, en concreto, con una cartografía específica en la que se pueda planificar, y como una de las herramientas técnicas de prevención más necesaria, a fin de lograr eficacia al conocerse a fondo los condicionantes de cada territorio.

Los cambios de uso y cobertura del suelo, tales como urbanizaciones o viviendas por doquier, que en algunas zonas de Galicia han sido muy importantes, han incrementado la vulnerabilidad.

Ya hace tiempo, con el boom inmobiliario, se crearon nuevos espacios de riesgo al ocupar con viviendas, caminos o pistas, zonas potencialmente peligrosas.

De hecho, estos espacios rústicos y no urbanizables junto con otros urbanizados, ante un incendio de las características que se dieron en muchas zonas de Galicia, son auténticas ratoneras, porque disponen de unos accesos muy precarios, que ni sirven de cortafuegos, de ahí las muertes habidas, y lo mismo ahora o en cualquier otro momento ante un eventual deslizamiento de tierras u otras desgracias que surjan.

En todos estos núcleos, permisivos con la expansión urbanística, viven muchas personas mayores o impedidas, que así mismo desconocen la facilidad de propagación del fuego en un entorno del que tienen que huir del fuego.

Además, existe otro riesgo asociado al desarrollo "interfaz urbano forestal", denominado así a las zonas de transición entre espacios urbanos y forestales, por ese aumento progresivo del número de personas que han decidido vivir en espacios arbolados, con el riesgo que ello conlleva tanto para la población residente como ante una eventual extinción de un incendio, porque a donde primero van los bomberos es a las áreas habitadas, a fin de proteger a la población. Y la superficie forestal que mientras tanto puede arder es mayor de lo que era hace años. Y en tal sentido en la comunidad gallega se adolece de una cartografía que refleje al detalle estas zonas de interfaz, siendo los propios ayuntamientos los que han cometido más errores por permitir ese irregular crecimiento urbanístico en zonas de riesgo.

Hace falta, pues, más recursos para la prevención; primero, sabiendo que un monte menos vigilado es más vulnerable ante un incendio; segundo, más concienciación, saber que no se puede realizar actividades de riesgo como quemas de rastrojos o barbacoas campestres; tercero, una política forestal que despeje dudas con el objetivo de que las brigadas antiincendios mantengan su actividad el mayor tiempo posible; y cuarto, obligar a las comunidades de montes y asociación de ganaderos a programar y preservar el cuidado y la atención de manera solidaria los montes comunales; quinto, todo lo expuesto con antelación e incluyendo medidas tecnológicas innovadoras de vigilancia, que debe corresponder principalmente a la Comunidad Autonómica Gallega y subsidiariamente a los ayuntamientos afectados.