Cada aprobado en un despacho sin merecerlo supone un docente desautorizado, un departamento ninguneado y un claustro desprestigiado. Por desgracia y cada vez con más frecuencia, esta forma de desautorizar a un profesor, a un departamento y a todo el claustro de profesores desde un despacho no son casos que ocurran aisladamente sino una tendencia iniciada hace varios años y que no ha dejado de potenciarse y extenderse gracias al boca a boca de determinados progenitores que alardean de la "hazaña".

La marabunta normativa y más aún la falta de claridad y concreción de la misma respecto a la evaluación del rendimiento académico sirven para que la Administración educativa mejore en un despacho las notas asignadas por los docentes a sus alumnos. No importa lo que el muchacho escriba en el examen, se agarran a lo que sea: falta de criterios claros y concisos, mala ponderación, escasa o falta de publicidad del proceso, desconocimiento del alumnado, ignorando nuestra Administración que a ninguno de nosotros nos agrada suspender a nuestros alumnos, ya que en el fondo no deja de ser un fracaso en nuestro trabajo, pero de todos es conocido que tenemos alumnos en nuestras aulas que no saben hacer una O con un canuto y no está nada bien que nuestros superiores, sin tener en cuenta las pruebas realizadas por el alumno, ni su trabajo a lo largo del curso, busque defectos burocráticos para justificar una corrección de sus calificaciones. No debería ser una cuestión de papeles, debe ceñirse a si el alumno sabe o no sabe.

Si un alumno presenta una reclamación de su nota el departamento de esa asignatura debe reunirse y analizar el trabajo realizado por él decidiendo si la calificación otorgada debe o no modificarse, siendo lo normal que la nota se mantenga, ya que el 95% de las protestas carecen de fundamento y la mayoría de ellas son una falta grave a la dignidad de un profesional; a algún progenitor se le tendría que caer la cara de vergüenza por promover determinadas reclamaciones.

Ocurre en los últimos tiempos que muchos padres se han "profesionalizado", como si de empresas de reclamación de multas se tratase, en solicitar la revisión de las calificaciones de sus vástagos, escudriñando las normas al límite legal, sin darse cuenta que la nota que la Administración regala a su hijo es un dardo envenenado que inculca una mala lección con consecuencias negativas para su futuro académico, profesional y personal. Este alumno después de ganar la batalla se da cuenta que hay maneras de prosperar con atajos y triquiñuelas que no le exigen esfuerzo ni tesón, mientras que sus compañeros para conseguir lo mismo tiran de trabajo, constancia y tenacidad.

Debemos, no solo los docentes sino toda la sociedad, exigir a la Administración educativa respeto por nuestro trabajo y debemos trasladarles que el profesorado entre tareas administrativas, gestiones y reuniones nos vemos obligados, la mayoría de las veces, a dedicar más tiempo al estudio de normas absurdas y arbitrarias que a preparar nuestras clases. Los docentes solo pedimos eso, poder dar clases sin interferencias ni presiones en nuestro trabajo.

Finalizar pidiendo a la Administración educativa que se deben valorar las reclamaciones de nuestros alumnos, más que de ellos de sus papas, con criterios académicos y no formales. Que antes de aceptar una reclamación se debe demostrar que se han superado los objetivos de la asignatura y no centrarse en si faltaba la publicidad de un "criterio", un sello o un formulario estaba incompleto.