El día 10 de noviembre de 2015, el Tribunal Supremo anuló el Plan General urbanístico de Vigo. El motivo de su anulación fue la falta del preceptivo estudio medioambiental, esto fue la consecuencia directa de la irresponsabilidad política de las personas que participaron en su elaboración. La pregunta que me hago es: ¿quién paga las consecuencias de esta irresponsabilidad? La respuesta es sencilla, yo y el resto de la ciudadanía:

-que han invertido sus ahorros en la compra de un terreno y ya no es urbanizable.

-que han realizado una reforma de su vivienda y ya no es legalizable.

-que ven imposibilitada la compra, la venta o la reforma de sus hogares, porque ahora, un Plan General con más de 25 años, que no representa la realidad urbanística, geográfica y socioeconómica actual de Vigo, no se lo permite.

Solo pido responsabilidad y compromiso, que el Plan General urbanístico no se utilice como estrategia electoral, que se le dé la importancia que tiene para muchos hogares y familias. En definitiva, que no tengamos, los ciudadanos, que pagar las irresponsabilidades de los que nos han abocado a esta situación.

Por último, pedir al alcalde de Vigo, Abel Caballero, mayor transparencia, declaraciones más concisas, que deposite más medios y energía en el avance del nuevo Plan General urbanístico de Vigo.