Estimado señor conselleiro de Educación de la Xunta de Galicia, D. Román Rodríguez González.

Se acaban de celebrar esta semana las oposiciones convocadas por la ORDE 7 de abril de 2017 de la Consellería de Educación, que han venido precedidas por la polémica de ser de promoción interna (para profesores funcionarios de secundaria de música que quisiesen acceder al cuerpo de profesores de conservatorios). Esto impedía presentarse por acceso libre a otros opositores, los cuales hicieron sus legítimas protestas. El colectivo de profesores de conservatorios (entre los que se encuentran los que han actuado como miembros de los tribunales), también han venido manifestando en la prensa su rechazo a este sistema de promoción interna. Y ese rechazo parece haberse materializado en las calificaciones con las que han puntuado a dichos opositores y que se acaban de publicar. Los miembros de dichos tribunales de oposición han suspendido a casi todos los opositores con lo que dejado sin adjudicar el 75% de plazas convocadas. (Obsérvese que los profesores de secundaria de música tienen la misma titulación que los de conservatorio).

Este es un estado de derecho. Si los profesores funcionarios de conservatorio que han actuado como miembros de los tribunales no estaban de acuerdo con este sistema de promoción interna deberían haber denunciado lo que estimasen antes los tribunales de justicia. Pero si se demuestra que se han tomado la justicia por su mano y han suspendido a los opositores solo por el hecho de proceder del cuerpo de profesores de educación secundaria sería un delito.

Ya hay casos previos de condenas contra miembros de tribunales de oposición de educación que servirían como jurisprudencia si este asunto llega a los tribunales de justicia. En diciembre de 2016 el Juzgado de lo Penal nº1 de Cáceres condenó a dos años de prisión y a otros 12 de inhabilitación para empleo y cargo público a la presidenta de un tribunal de oposiciones en Extremadura en 2010. La sentencia también la obligó a indemnizar al opositor con 40.000 euros.

Señor conselleiro, no dudo en que antes de que esto llegue a los tribunales de justicia su buen juicio le haga reflexionar y tomar cartas en el asunto. Hasta los alumnos de primaria cuando se les suspende tienen derecho a reclamar por vía administrativa para que un segundo profesor haga una nueva valoración de los exámenes y, si es el caso, aprobar. ¿Acaso los opositores tienen menos derechos que los alumnos?

De acuerdo al espíritu de la Ley de Transparencia, lo que procedería es que su Consellería nombrase un nuevo tribunal de oposiciones y que, a poder ser, fuese de fuera de Galicia para poder garantizar su imparcialidad a la hora de hacer una nueva revisión de los exámenes de oposición ya realizados.