La muerte de un hijo no es cuantificable

El motivo de esta carta es la de puntualizar unas afirmaciones publicadas en otros medios de información acerca del incremento de las indemnizaciones que fija el TSXG por la muerte de los dos brigadistas. Cito textualmente: "Por aquel luctuoso suceso, cada familia recibió de los seguros de la Xunta y de la Administración estatal cerca de 75.000 euros en indemnizaciones, cantidades que consideraron insuficientes y que les llevaron a buscar el amparo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia".

Pues bien, es necesario aclarar que el amparo del TSXG se pide una vez que se agota la vía penal y se sigue por la vía administrativa, que es el procedimiento al uso.

Lo que pretendo decir con esto es que nosotros no consideramos "insuficiente" ni "suficiente" ningún tipo de indemnización. La muerte de un hijo no es cuantificable en términos económicos. Nada puede resarcirte de una tragedia de esa índole.

Si se recurrió a esa vía fue porque el juzgado de Redondela y la Audiencia Provincial de Pontevedra archivaron el caso y no hubo voluntad alguna de investigar y establecer las responsabilidades de las personas que estaban al frente de la Consellería del Medio Rural y correspondientes direcciones y subdirecciones generales, amén de los dirigentes de la empresa Seaga. Se recurre porque esas dos primeras instancias hicieron caso omiso de la cadena de errores, mala organización, nula prevención, deficiente formación de brigadistas, medios técnicos insuficientes o inadecuados y un largo etcétera, y optaron por liquidar rápidamente el asunto invocando la "errónea vía de escape" elegida por los fallecidos.

Si se recurrió al TSXG fue porque se tenía la esperanza de que la sentencia sería lo suficientemente dura como para establecer que la responsabilidad de la Xunta no se limitase a que "la motobomba no estaba allí", porque la negligencia y la falta de organización y de interés de la Xunta quedaron absolutamente de manifiesto.

Así que esta "ampliación de la indemnización", con las ridículas cifras asignadas, sería lo menos grave. Lo terrible es la insistencia en culpabilizar a los fallecidos de su propia muerte, que "aminora la responsabilidad de la Administración". Tanto se la "aminora" que les sale bien barata la vida de las personas. Una burla y un escarnio.