El fortalecimiento de la Unión Europea exige un debilitamiento de la soberanía nacional, no exento de reticencias, como acaba de comprobarse con el "Brexit". Pero no es menos cierto que, en las sentencias de los Constitucionales se invocan desde su origen decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No son, en sentido estricto, Tribunales Supremos estatales, pero sus decisiones tienen eficacia más allá de los casos concretos. Y a nadie, con cultura medianamente democrática, se le ocurre pensar que no lo son las resoluciones que echan abajo leyes aprobadas por los representantes del pueblo en los respectivos parlamentos.
Forma parte de la realidad moderna de una soberanía compartida, no absoluta ni absolutizada. Se une a los organismos de cada país que regulan con independencia -no siempre aceptada de buen grado por los gobernantes de turno- actividades de entidad, como el sistema financiero, las grandes cuestiones de la competencia o la propia organización de un poder judicial independiente.
