14 de noviembre de 2016
cartas al director

¿Por qué pagamos el peaje?

14.11.2016 | 03:58

Todos los usuarios de la AP-9 están padeciendo actualmente las obras de ampliación de la Autopista del Atlántico, en un tramo de 5,9 km. entre Teis y la salida hacia Cangas. A ello se ha unido el cierre parcial del corredor de O Morrazo, provocando atascos y retenciones de larga duración.

La ampliación fue concedida a la empresa U.T.E (Dragados + Puentes y Calzadas), que en su proyecto presentaba como ventaja el acabarla en 23 meses, por debajo de los 30 ofertados. La cuenta atrás empezó en marzo de 2015 y, en un principio, apenas hubo actividad, aunque ya se había transformado el área de circulación, en perjuicio de los conductores.

Audasa nos está cobrando por limitación de velocidad a 80 km/h en autopista; carriles más estrechos, provisionales y mal pintados, que de noche apenas se aprecian; falta de alumbrado en la zona de Chapela; falta de arcenes; uso ocasional de un único carril -en horario nocturno- y probabilidad de verse atrapado por cualquiera de los múltiples accidentes que ocurren casi a diario. No parecen las mejores condiciones para exigir el peaje completo? pero lo hacen.

Más allá del pago individual, no olvidemos que son la Xunta y Fomento, con el dinero de todos, los que se hacen cargo del pago del peaje entre Vigo y O Morrazo, cuyos conductores se encuentran que la mitad de los kilómetros que recorren no se corresponden con el concepto "autopista". Para colmo, las obras van a continuar en un plazo más prolongado de lo anunciado, marzo 2017, sin que nadie ponga remedio o anuncie medidas.

Audasa nunca pierde. Fue el Gobierno de Aznar el que reforzó el negocio, cuando en 2000 decidió prolongar hasta agosto de 2048 una concesión que expiraba en 2023. Previamente, el Ejecutivo de González ya había prorrogado en los años ochenta el contrato que finalizaba en 2013. Y en 2015 se firmó el "regalo" de la ampliación, con el Gobierno de Rajoy, por 143 millones de euros, cuando los rumores apuntan a que Globalvía, compañía que gestiona concesiones de infraestructuras, podría adquirir las acciones de la mayor infraestructura gallega, alejándola del control autonómico.

Alternativas. Parece que nunca se estudiaron. Probablemente, invertir esos 143 millones de euros en dotar, subvencionar y coordinar una red de transportes pública -autobús y barco- en ambas orillas de la ría nos habría evitado el coste social y dramático de los desalojados en Chapela, el impacto medioambiental de destrozar el Monte Faro en Domaio (Jaján), el ruido que martiriza a los vecinos y alumnos en Chapela, y los trastornos del tráfico durante meses. Y lo mejor, si no hubiera resultado, si fuera insuficiente, habría sido perfectamente reversible, a diferencia de lo que está ocurriendo ahora.

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