Nuestra Constitución, en su artículo 57.5 prevé que se desarrolle una ley orgánica para regular las dudas, de hecho y de derecho, que puedan surgir en torno a la Corona. Esa ley nunca se ha llegado a promulgar. Tras los acontecimientos de los últimos meses, parece que ahora puede ser conveniente ponerla en marcha. Nuestra democracia va adquiriendo madurez y surgen retos que no se contemplaron, como es lógico, durante la transición.
La Corona ha sido, desde la restitución de la democracia, un factor decisivo para garantizar la unidad, para representar al Estado y para resolver algunos serios inconvenientes. Gran parte de esta labor se ha apoyado en una autoridad personal y moral. Pero eso no impide una mayor consolidación institucional que se podría conseguir dando solución jurídica a los posibles problemas que podrían aparecer en el futuro.
