El pasado miércoles, 22 de mayo, publicaron una carta relativa a la problemática de preferentes y subordinadas bajo el título de "Ley de Costas", lo que sin duda ha podido desvirtuar el contenido de dicha carta. La referencia a la Ley de Costas era muy somera y se utilizó para dejar constancia de la terrible incoherencia de la que hacen gala nuestros políticos cuando justifican sus iniciativas legislativas. Seguridad jurídica en el caso de la Ley de Costas, y todo lo contrario, inseguridad jurídica, en el caso del Real Decreto de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito. Dicha inseguridad deriva de la resolución de contratos de compraventa de valores, como las obligaciones subordinadas, en los que hay una fecha de vencimiento y que al amparo de dicho RD dejan de tener efecto, perdiendo el tenedor la opción a recuperar el dinero invertido en dicha fecha aún cuando la entidad, en teoría, no se liquida y puede continuar operando hasta un horizonte fijado en 2015. De todas maneras, agradecer sinceramente a su periódico la oportunidad que me ha brindado dando cobertura a muchas de las cartas que he remitido al respecto y que permiten difundir el drama que vivimos miles de familias afectadas, en su inmensa mayoría pensionistas y trabajadores, que difícilmente podremos compensar las inminentes quitas con el fruto de nuestro trabajo. Unas quitas injustas por haber sido víctimas de una comercialización fraudulenta, y aún más dolorosas si cabe por contar con el respaldo del Estado.

El arbitraje no es universal, tal vez no llegue ni a una tercera parte de los afectados, y la vía judicial es larga y costosa y muy difícil de demostrar mala praxis cuando muchos de los contratos se basaron únicamente en información verbal.

Gracias a ustedes nuestra voz no se apaga.