Me gustaría responder al artículo de opinión "Iglesia y Estado laico" escrito por Joaquín Rábago que se publicó el pasado 20 de abril.

Estoy de acuerdo con el autor en que un Estado del siglo XXI debe apoyarse en la razón humana y, por eso mismo, no entiendo cómo, apoyándonos en esta razón, podemos seguir consintiendo que a millares de seres humanos inocentes se les siga negando el derecho a ver este mundo. ¿No está científicamente demostrado que cuando se unen un espermatozoide y un óvulo empieza la vida de un ser humano? ¿No es absolutamente racional defender la vida de los más débiles?

La condena del aborto no es ni mucho menos un valor moral propio de los católicos. De hecho, un líder mundial tan admirado como Mahatma Gandhi dijo: "Me parece tan claro como el día que el aborto es un crimen". Asimismo, muchos médicos y ginecólogos ateos o agnósticos defienden esta misma postura. A mi parecer, no se trata de que el aborto sea un pecado o no, sino de si está de acuerdo con la verdad; si es justo o no. De hecho, es la misma Constitución Española la que en su artículo 15 establece que "todos tienen derecho a la vida". ¿Se refiere este todos a TODOS o solo a aquellos a los que sus progenitores y la sociedad consideran dignos?

La defensa de la vida no es un valor moral o cultural propio de los cristianos. No tienen nada que ver con la religión. Es un hecho que responde a la verdad y a la dignidad de toda persona, al igual que la condena de la esclavitud, de los genocidios nazis o de los actos terroristas.

Por otra parte, al comienzo de su artículo, el autor se sorprende de que la Iglesia no condene con palabras contundentes hechos como la corrupción política, los abusos de la banca, la codicia de los ricos o los desahucios. Yo le respondería que la Iglesia, aunque no salga en la tele, no solo condena toda situación injusta, sino que actúa poniendo medios para remediarla. Para comprobarlo solo hay que ver los cientos de familias viguesas con dificultades para pagar el alquiler que son ayudadas por Cáritas.

Finalmente, querría recordar que no vivimos en un Estado laico, sino en un Estado aconfesional. Y la diferencia es grande, pues en un Estado aconfesional, tal y como establece la Constitución, en su artículo 16, se deben respetar y tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad. Por eso, me parece que no está de más que los cardenales y obispos condenen lo que es obvio y muchos no quieren ver, y que les pongan las pilas a aquellos políticos -también a los que están ahora en el Gobierno- que se acobardan al defender la verdad.